Gobierno Argentino excluye a YPF de privatización y redefine el control estatal en medio de debates legislativos

En medio de las negociaciones para avanzar con la llamada ley ómnibus de Javier Milei, el Gobierno Argentino ha decidido excluir a la petrolera estatal YPF de la lista de empresas susceptibles de privatización.

Después de las conversaciones en la Cámara de Diputados, también se determinó que en el caso de Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación y ARSAT, el Estado mantendrá el control de las compañías, pudiendo privatizar solo una parte de estas.

No obstante, otras empresas siguen considerándose «privatizables», entre ellas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Operadora Ferroviaria, Aysa, Enarsa y medios de comunicación como la agencia Télam.

La ley, titulada «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» y presentada a fines de diciembre por Milei, incluía entre sus cientos de artículos diversas compañías que podrían privatizarse con el objetivo de «concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales». El político busca generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas.

YPF, expropiada a la española Repsol durante el mandato de Cristina Kirchner en 2012, quedando el estado con el 51% de las acciones, fue excluida de la lista. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), hasta octubre de 2023, alrededor de 134 mil personas trabajaban en empresas estatales, ocupando Operadora Ferroviaria S.E, YPF S.A., Banco de la Nación Argentina, Correo Oficial de la República Argentina S.A, Aerolíneas Argentinas S.A. y Aysa casi el 77%.

Durante 2023, se realizaron transferencias y aportes a empresas públicas por cerca de $2.300.000 millones, equivalente al 1,22% del PIB, según informó la OPC.