En las últimas horas, trascendió que el Poder Judicial ha dado luz verde a la compra de 22 vehículos de alta gama de la marca Lexus para renovar la flota de automóviles utilizados por los ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial. Este cambio implica la sustitución de los actuales vehículos Toyota Camry por el modelo ES300h de Lexus, cuyo costo supera los $57 millones cada uno, generando un desembolso total que supera los $1.250 millones.
Consultado al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfatizó en la autonomía del Poder Judicial y su capacidad para gestionar su propio presupuesto. Sin embargo, dejó entrever una crítica sutil al señalar que él mismo utiliza un vehículo del año 2015 con un alto kilometraje y que aún funciona correctamente.
La votación interna reflejó que once de los trece jueces participantes aprobaron la adquisición, mientras que solo dos expresaron su desacuerdo.
Las críticas no se han hecho esperar, tanto de autoridades como de exautoridades, quienes cuestionan la decisión de adquirir vehículos de lujo en un momento donde el país enfrenta desafíos económicos y sociales significativos. La Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales (OTJ) emitió un comunicado señalando que la compra contrasta con la necesidad de ser más
austero y eficiente en el uso de los recursos públicos. Además, destacaron que existen necesidades prioritarias en el país, como la atención a los afectados por desastres naturales, que requieren una respuesta urgente y eficaz.
La OTJ también recordó situaciones recientes donde se tuvo que implementar el teletrabajo debido a condiciones climáticas adversas en ciertos juzgados, lo que evidencia las dificultades que enfrenta el sistema judicial para garantizar una administración de justicia adecuada.
En este contexto, la Asociación expresó su rechazo a la adquisición de los vehículos de lujo y llamó a la prudencia y responsabilidad en el manejo de los recursos destinados a la administración de justicia, instando a priorizar el cumplimiento de los fines institucionales sobre gastos superfluos.
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