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Consejo de Defensa del Estado solicita declaración del gobernador de La Araucanía por aprobación de fondos

El CDE solicitó que Luciano Rivas explique la aprobación de más de 700 millones de pesos a fundaciones el mismo día que presentaron sus proyectos. La ampliación de la querella incluye al diputado Mauricio Ojeda y otras ocho personas por presuntos delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.

En el marco del Caso Convenios, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó que el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, declare sobre la aprobación de más de 700 millones de pesos a las fundaciones Folab y Educc. La aprobación ocurrió el mismo día que ambas presentaron sus proyectos, lo que ha generado sospechas de fraude al fisco y negociación incompatible.

El CDE amplió su querella en representación del Gobierno Regional de La Araucanía contra el diputado Mauricio Ojeda y otras ocho personas, señalando que hubo procedimientos irregulares para favorecer a estas fundaciones con fondos públicos. Los proyectos fueron ingresados el 14 de octubre de 2022, y tras observaciones de la Comisión de Evaluación Técnica, fueron declarados admisibles y aprobados el mismo día, lo que sugiere un actuar apresurado de los funcionarios.

El CDE pide que el gobernador Rivas explique este rápido proceso de aprobación y por qué no se establecieron las formas de transferencia de los recursos, ni se cumplieron las exigencias legales como el avance efectivo de los programas y la falta de garantías. Rivas ha declarado estar disponible para colaborar y sería citado en calidad de testigo, ya que el Gobierno Regional es parte querellante en esta causa.

Además, el organismo cuestiona por qué no se tomaron las precauciones necesarias para asegurar el correcto uso de los fondos y evitar posibles fraudes. La falta de garantías y el depósito de recursos sin el debido control plantean serias dudas sobre la transparencia del proceso. La investigación busca determinar si hubo negligencia o complicidad de funcionarios públicos en estos hechos, lo que podría derivar en sanciones legales y administrativas.