Trump amenaza con arrestar al gobernador de California y desata conflicto constitucional por protestas en Los Ángeles

El presidente Donald Trump federalizó por primera vez en décadas la Guardia Nacional de California y desplegó 700 marines, sin autorización del gobernador Gavin Newsom, para contener protestas generadas tras redadas del ICE. Trump afirmó que podría arrestar a Newsom y a la alcaldesa Karen Bass, lo que desató una demanda estatal por abuso de poder y preocupaciones constitucionales.

Las manifestaciones comenzaron luego de una serie de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizadas en barrios latinos de Los Ángeles, el viernes 6 de junio. Las acciones provocaron una respuesta masiva de la ciudadanía: miles de personas salieron a protestar, denunciando racismo, abuso de poder y criminalización de la comunidad migrante.

Durante las protestas se registraron más de 150 detenciones, entre ellas la del dirigente sindical David Huerta, presidente de SEIU United Service Workers West, quien fue formalizado por obstrucción a funcionarios federales.

Intervención militar sin consentimiento del Estado

En respuesta a las movilizaciones, Trump ordenó el despliegue de 2.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines en las calles de Los Ángeles. El operativo fue realizado sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom, lo que ha sido considerado como una violación directa de la soberanía estatal.

Se trata de la primera vez desde 1965 que se federaliza la Guardia Nacional sin autorización del gobierno local, lo que ha generado un amplio rechazo por parte de autoridades y expertos en derecho constitucional.

El gobernador calificó la medida como «ilegal, inmoral e inconstitucional», y anunció una demanda federal contra Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Amenazas de arresto a autoridades electas

En una entrevista televisiva, al ser consultado sobre si estaría dispuesto a arrestar al gobernador Newsom o a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, Trump respondió: «Yo lo haría». Estas declaraciones fueron interpretadas como una amenaza directa contra autoridades estatales democráticamente electas.

Diversos expertos en derecho constitucional señalaron que el presidente no tiene atribuciones legales para arrestar a un gobernador o a una alcaldesa, y advirtieron que este tipo de declaraciones refuerzan los temores sobre un eventual uso autoritario del poder federal.

Acciones legales por parte del Estado de California

El fiscal general Rob Bonta confirmó la presentación de una demanda ante la Corte Federal, argumentando que la intervención militar viola la Constitución de los Estados Unidos y pone en riesgo el equilibrio del sistema federal.

La acción judicial busca impedir que la administración Trump u otra autoridad federal despliegue fuerzas armadas en territorio californiano sin una base legal clara, y exige la retirada inmediata de los efectivos desplegados.

Preocupación por el uso político de las Fuerzas Armadas

Organizaciones de derechos civiles, congresistas demócratas y analistas legales han expresado su alarma ante el uso de tropas para contener manifestaciones civiles, particularmente en un estado considerado santuario para inmigrantes.

El contexto electoral ha llevado a interpretar estas acciones como una estrategia de Trump para movilizar a su base más conservadora mediante un discurso de «ley y orden» que pone en la mira a las ciudades gobernadas por demócratas.

Lo que viene

El gobierno de California espera que la Corte Federal se pronuncie sobre la legalidad del despliegue militar en los próximos días.

Se prevé una nueva jornada de movilizaciones en Los Ángeles, San Francisco y otras ciudades del país.

Crecen las presiones sobre el Congreso de Estados Unidos para que investigue la posible violación del orden constitucional.