Cordero defiende plan nacional de búsqueda tras caso de Bernarda Vera y pide prudencia

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al caso de Bernarda Vera, quien hasta ahora figuraba como detenida desaparecida durante la dictadura, pero que habría vivido en el extranjero. La autoridad defendió el Plan Nacional de Búsqueda y pidió prudencia en el debate público, enfatizando el resguardo del dolor de los familiares.

Según explicó Cordero, fue recién en mayo de 2024 cuando las autoridades recibieron los primeros antecedentes que pusieron en duda la veracidad del caso, tras las investigaciones realizadas por la periodista e investigadora Pascale Bonnefoy. “Cuando las primeras indagaciones de la investigadora Pascale Bonnefoy dieron indicios de que el relato asociado a la situación del hecho ocurrido en Liquiñe no era relativamente consistente pese a la calificación que ya existía por el informe Rettig, fue comunicado en mayo del 2024”, detalló el ministro.

Desde esa fecha, el equipo del Plan Nacional de Búsqueda emitió oficios reservados a distintas instituciones, entre ellas la PDI, Acnur y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para esclarecer la situación de Vera.

El ministro hizo hincapié en la necesidad de resguardar la privacidad y el dolor de los familiares. “La hija de Bernarda Vera ha tenido apoyo y entrevistas por parte del programa. Sería redundar en el dolor insistir públicamente sobre un hecho de estas características. Hay que resguardar la verdad, pero también el dolor de los familiares”, señaló Cordero. Además, agregó que tanto la mujer como su familia han actuado “no solo de buena fe, sino con total desconocimiento de esta situación. Todos debiéramos actuar con respeto y extrema prudencia”.

Consultado sobre por qué no se denunció antes ante la justicia, Cordero explicó que los oficios enviados entre 2024 y 2025 no arrojaron resultados concretos, hasta que el Estado sueco confirmó oficialmente la residencia de Vera. “Yo de la primera noticia que tuve de esto fue en mayo del 2024. No tengo antecedentes de que el Estado de Chile hubiera recibido información sobre este caso antes de esa fecha, al menos en el marco del Plan Nacional de Búsqueda”, afirmó.

El ministro también abordó la posibilidad de que se repitan situaciones similares. Reconoció que existen antecedentes de errores en calificaciones históricas, pero descartó que el Gobierno pueda modificar listados de manera administrativa. “Lo que sí el Estado de Chile tiene conocimiento es que hay muchas víctimas no calificadas, o que bien sus calificaciones fueron rechazadas en la Comisión de Verdad y Reconciliación, y que luego mediante la construcción de trayectorias se ha podido detectar errores. No es posible hoy retirar administrativamente a víctimas del listado del informe Rettig”, explicó.

Finalmente, Cordero descartó la renuncia de la coordinadora del Plan Nacional de Búsqueda, Magdalena Garcés, y pidió “prudencia y moderación” en el debate público.