La administración del alcalde Manuel Macaya estaría enfrentando una crisis sin precedentes que combina frentes electorales, penales y laborales, arrastrando a la Municipalidad de Collipulli a un escenario de inestabilidad institucional sin salida clara.
La Municipalidad de Collipulli estaría envuelta en una grave crisis institucional que abarca los ámbitos electoral, penal y laborales. El foco de la tensión sería el alcalde Manuel Macaya, cuya administración esta siendo acusada por graves faltas a la probidad, abandono de deberes y persecución política contra fiscalizadores.
El conflicto escaló a nivel mediático cuando las concejalas Jacqueline Ponce Véjar (PC) y Carolina Valenzuela Muñoz (PS) visitaron el estudio de Novena Digital para denunciar la desvinculación de funcionarias clave, como Mabel Jeannette Llanos Riquelme y Lorna Paz Sanhueza Gutiérrez. Las «edilas» calificaron esto como un «acto de venganza» por sus labores de fiscalización, señalando que el «poder absoluto» del alcalde atenta contra la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos.
El Proceso de Remoción y la Amenaza de Incapacidad Temporal
Las concejalas Ponce, Valenzuela y de la ex concejal Juliana Bustos Zapata interpusieron un Requerimiento de Remoción ante el Tribunal Electoral Regional (TER), invocando «Notable Abandono de Deberes» y «Contravención Grave a las Normas de Probidad Administrativa».
- Causales: Las acusaciones incluyen la no cancelación de cotizaciones previsionales y de salud de funcionarios del DAEM y el nombramiento de su cónyuge en un cargo de titularidad.
- Juicio Oral por Desacato: El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol fijó el 26 de septiembre de 2025 como fecha para el juicio contra Macaya por el delito de Desacato.
- Intervención de la diputada Ericka Ñanco: A raíz de la acusación por Desacato, la diputada Ericka Ñanco solicitó formalmente a la Contraloría General de la República que informe el estado de la consulta (folio E98094/2025) presentada por las concejalas. La Diputada buscó en su momento un pronunciamiento definitivo sobre la incapacidad temporal del alcalde, conforme a la Constitución Política y la Ley Orgánica de Municipalidades, presionando a la entidad contralora para que defina la situación de Macaya.
Querellas Criminales de Alto Impacto y la Entrada del CDE
Novena Digital revisó las pruebas presentadas por las concejalas de la comuna y el el escenario es crítico, con la intervención de organismos del Estado:
- Querella del CDE por Falsificación: El Consejo de Defensa del Estado (CDE) dedujo una querella criminal (RIT O-727-2023) contra funcionarios municipales por los delitos de Falsificación y Uso Malicioso de Instrumento Público, validando los antecedentes presentados por las concejalas.
- Querella por Perjurio: Las concejalas presentaron una querella criminal adicional contra el alcalde Macaya por el delito de Perjurio (declaración falsa en causa judicial).
- Juicio de Cuentas: La Contraloría General también persigue responsabilidades financieras mediante un Juicio de Cuentas contra el Alcalde y otros funcionarios del DAEM.
Condenas Millonarias por Maltrato Laboral
La administración de Macaya ha sido condenada de forma reiterada por el Juzgado de Letras del Trabajo por vulneración de derechos fundamentales (Tutela Laboral), sumando significativas indemnizaciones:
| Funcionaria | Condena por daño moral |
| Mabel Jeannette Llanos Riquelme | $10.000.000 |
| Maura del Pilar Sandoval Ortiz | $7.000.000 |
| Pamela Georgina del Carmen Escobar Hernández | $6.000.000 |
Persecución política y denuncias cruzadas
La tensión escaló a lo personal cuando la concejala Jacqueline Ponce denunció haber sido insultada en la vía pública por el alcalde, quien posteriormente la acusó de amenazas de muerte, provocando su detención en octubre de 2024. Tras permanecer un día privada de libertad, Ponce interpuso un Amparo de Garantías denunciando montaje y persecución.
Las concejalas advirtieron en Novena Digital que los despidos de funcionarias como Mabel Llanos y Lorna Sanhueza son un «acto de venganza» del alcalde, y acusaron que el «poder absoluto» ejercido por Macaya atenta contra la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos.
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