Senado pone en marcha la prohibición de celulares en aulas: Comisión de Educación despacha proyecto con excepciones y lo envía a Sala

La Comisión de Educación aprobó en particular el proyecto que prohíbe el uso de celulares en las salas de clases y obliga a los reglamentos escolares a implementar la medida; la norma contempla excepciones por salud, necesidad educativa especial, emergencias, actividades justificadas y solicitudes de apoderados, y ahora queda lista para discusión en la Sala del Senado.

La Comisión de Educación del Senado despachó en particular (con votación concluida este 20–21 de octubre de 2025) un proyecto de ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las salas de clases de establecimientos de educación parvularia, básica y media, dejándolo listo para ser discutido y votado en la Sala de la Cámara Alta. La determinación busca, según los impulsores, recuperar el aula como espacio de aprendizaje sin interrupciones.

El texto normativo obliga a que los reglamentos internos de los colegios adopten medidas concretas para materializar la restricción durante las actividades curriculares dentro del aula; en la práctica, esto implica que cada establecimiento deberá ajustar su normativa disciplinaria y operativa para controlar la presencia y uso de dispositivos móviles. La iniciativa pasó por la votación en particular tras varias indicaciones que endurecieron o precisaron el alcance de la regla.

El proyecto incorpora excepciones explícitas: estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran el celular como ayuda técnica, personas con condiciones de salud que demanden monitoreo tecnológico (con respaldo médico), situaciones de emergencia o catástrofe, actividades curriculares o extracurriculares que justifiquen su uso, y casos en que un apoderado solicite temporalmente el uso por razones de seguridad. Estas salidas fueron incorporadas para matizar una norma que, en su espíritu, apunta a restringir la presencia del móvil en el aula.

En el caso de la educación media, el proyecto permite que el reglamento de los colegios establezca espacios, horarios o actividades específicas en las cuales la utilización pueda ser autorizada, por lo que la prohibición no sería absoluta en todos los contextos de enseñanza media y quedaría cierto margen de autonomía para las comunidades escolares. Esta flexibilidad abre la puerta a interpretaciones y a diferencias prácticas entre establecimientos.

Desde un punto de vista crítico, la iniciativa plantea dos preguntas relevantes que aún no están resueltas: cómo fiscalizarán los colegios el cumplimiento (especialmente en centros con menos recursos y mayor hacinamiento) y qué sanciones aplicará el sistema ante infracciones recurrentes; además, la redacción final deberá aclarar plazos y mecanismos para que los reglamentos internos se adapten sin generar vacíos legales. Observadores y parte de la comunidad escolar han advertido que sin recursos y acompañamiento pedagógico la medida puede volverse meramente punitiva.

La discusión en la Sala del Senado será clave: la norma ya cuenta con amplio respaldo mediático y político en comisiones, pero su paso final puede incluir nuevas indicaciones o modificaciones. También será discutible la coordinación con el Ministerio de Educación y la forma en que se comunicará a las familias para evitar conflictos entre apoderados y establecimientos.