La Contraloría Regional de La Araucanía declaró admisible la denuncia de una funcionaria municipal que acusó irregularidades en el uso del Estadio Germán Becker y en la compra de equipamiento deportivo. El órgano fiscalizador además ordenó revertir su traslado, al considerarlo una represalia, y dispuso medidas de protección bajo la Ley N° 21.592.
La Contraloría Regional de La Araucanía declaró admisible la denuncia presentada por Camila Prado Inostroza, funcionaria de la Municipalidad de Temuco, quien acusó presuntas irregularidades en el uso del Estadio Germán Becker y en la adquisición de contenedores marítimos destinados a recintos deportivos comunales.
Según la Resolución Exenta N° E22683/2025, el organismo fiscalizador determinó que la presentación cumple con todos los requisitos legales de la Ley N° 21.592, que establece un estatuto de protección para denunciantes de irregularidades en la Administración Pública.
La denuncia, ingresada el 14 de octubre, detalla que el municipio habría autorizado el uso del estadio para un evento privado sin cobro económico, reemplazando el pago por entradas, además de señalar presiones y deficiencias en la compra de equipamiento deportivo, lo que podría implicar un perjuicio fiscal.
Posteriormente, la funcionaria fue trasladada desde el Departamento de Deportes a la Dirección de Personas Mayores, medida que (según su declaración) constituiría una represalia por su denuncia.
La Contraloría acogió su solicitud de protección, instruyendo que el municipio deje sin efecto el decreto alcaldicio N° 12.587, dictado el 20 de octubre, al considerar que la destinación vulnera la normativa vigente y configura un acto de represalia.
“Se observa que la destinación de la recurrente fue dispuesta con infracción al artículo 156 de la Ley N° 10.336 y corresponde a una represalia, según lo indicado en la Ley N° 21.592”, señala el documento firmado por Carlos Segundo Bilbao Fuentes, contralor regional de La Araucanía.
Entre las medidas preventivas otorgadas se incluye la prohibición de aplicar sanciones, traslados, o cualquier forma de menoscabo laboral mientras se tramite la investigación.
El caso quedará ahora bajo la responsabilidad de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional, la cual continuará con el proceso de fiscalización sobre los hechos denunciados.


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