Informe reveló más de $80 mil millones sin rendición en el Gobierno Regional de La Araucanía

Una auditoría externa detectó irregularidades masivas en la administración del Gobierno Regional entre 2022 y 2024, y el gobernador René Saffirio presentó los antecedentes ante la Fiscalía y la Contraloría.

El Gobierno Regional de La Araucanía (GORE) enfrenta uno de los episodios más críticos de su historia administrativa. El informe final de auditoría externa, elaborado por la empresa Fortunato y Asociados Auditores y entregado el 17 de octubre de 2025, reveló que a diciembre de 2024 existían $79.518 millones de pesos sin rendición, correspondientes a transferencias públicas realizadas a municipalidades, universidades, fundaciones, corporaciones y servicios públicos durante los años 2022, 2023 y 2024, bajo la administración del exgobernador Luciano Rivas.

El gobernador René Saffirio confirmó este miércoles 12 de noviembre, en un punto de prensa realizado en Temuco, que los resultados del informe fueron remitidos a la Fiscalía Regional de La Araucanía y a la Contraloría General de la República, con el objetivo de agilizar las investigaciones por presunto fraude al fisco, negligencia administrativa y omisión de control interno. El documento, de 79 páginas, está disponible en el portal institucional www.gorearaucania.cl.

Según el informe, los auditores emitieron una “Abstención de Opinión”, la evaluación más grave que puede aplicarse en una auditoría pública, debido a la imposibilidad de verificar la información financiera y contable del GORE. El reporte señala graves falencias en el registro de fondos transferidos, rendiciones pendientes y control de bienes regionales, detectando $756 mil millones de pesos en proyectos no regularizados y $37 mil millones en activos sin control valorizado.

Municipios involucrados y el caso de Temuco

Entre las municipalidades con fondos observados se encuentra una lista amplia de comunas de la región: Temuco, Vilcún, Carahue, Purén, Traiguén, Pitrufquén, Lonquimay, Lumaco, Freire, Curarrehue y Perquenco, además de Galvarino, Melipeuco, Teodoro Schmidt, Villarrica y Nueva Imperial. Todas aparecen registradas en el informe con transferencias realizadas por el Gobierno Regional que no cuentan con rendición o con respaldo contable suficiente.

En el caso particular de la Municipalidad de Temuco, el informe consigna cuatro transferencias significativas:

• $801.923.000 en la cuenta contable 121060401.
• $465.695.000 en la cuenta 121060306.
• $339.493.000 en la cuenta 121060302.
• $283.205.000 en la cuenta 121060416.

Estas cifras corresponden a fondos entregados por el Gobierno Regional durante la administración anterior que no fueron completamente rendidos a diciembre de 2024. La auditoría indica que no existen documentos ni respaldos que permitan verificar su uso o destino final, lo que ubica a Temuco entre las comunas con mayores montos pendientes de rendición en toda la región.

Además, se identifican organizaciones con domicilio en Temuco que también recibieron transferencias del GORE y mantienen rendiciones rechazadas o incompletas. Entre ellas figura la Agrupación de Dirigentes de la Mesa de Artesanos de Temuco (A.D.D.M.A.T.) y la Fundación Local, esta última involucrada en proyectos de capacitación ambiental y reciclaje por más de $2.400 millones, cuyos fondos fueron rechazados y nunca reintegrados.

El gobernador Saffirio explicó que esta situación configura un perjuicio patrimonial directo para el Gobierno Regional, ya que los recursos rechazados fueron contablemente incorporados como gastos aprobados, sin que existiera devolución o reintegro efectivo.

Universidades observadas y el rol de la UFRO

El informe también detalla transferencias relevantes a instituciones de educación superior, entre las que se cuentan la Universidad Mayor, la Universidad Autónoma de Chile y la Universidad de La Frontera (UFRO).

Según declaró Saffirio, la Universidad Mayor habría recibido recursos del GORE para ejecutar un programa de distribución de 21 mil cajas de alimentos, realizado en un periodo preelectoral, sin que exista una rendición formal que indique quiénes fueron los beneficiarios reales de la ayuda. “Todos sabemos de qué estamos hablando”, expresó el gobernador, sugiriendo que la operación podría haber tenido fines políticos asociados a la anterior elección de gobernador regional.

La Universidad Autónoma de Chile también aparece en el informe con rendiciones observadas, mientras que la Universidad de La Frontera sí efectuó devoluciones parciales de fondos, aunque el Gobierno Regional mantiene reservas respecto a la exactitud de los montos reintegrados y evalúa nuevas revisiones sobre los proyectos ejecutados.

En conjunto, las transferencias observadas a universidades ascienden a aproximadamente $30 mil millones de pesos, distribuidos en programas de asistencia social, desarrollo local y proyectos de investigación financiados con fondos regionales (FIC-R).

Críticas al control interno y responsabilidades

Saffirio anunció que los antecedentes fueron enviados también a la Contralora General de la República, Dolores Divéres, para acelerar cinco sumarios administrativos en curso contra funcionarios que, según el informe, no ejercieron funciones de control ni exigieron rendiciones de cuentas en los plazos legales.

El gobernador fue enfático al señalar que la falta de control no fue un error casual, sino parte de una estructura institucional diseñada para eludir responsabilidades. En sus palabras:

“Aquí hay crimen organizado. Esto no ocurrió por casualidad. Hubo una intención deliberada de ocupar el Gobierno Regional con la lógica de defraudar el patrimonio que pertenece a todos los habitantes de la región.”

Saffirio apuntó directamente al exgobernador Luciano Rivas, quien (según señaló) firmó en enero de 2022 la resolución exenta N°63, mediante la cual delegó casi la totalidad de sus atribuciones administrativas en funcionarios subalternos, lo que habría favorecido un sistema de impunidad operativa dentro del GORE.

El actual gobernador indicó que existen 17 procesos judiciales en curso relacionados con estos hechos y que la Fiscalía podrá ampliar sus investigaciones para incluir nuevas fundaciones y entidades públicas vinculadas al periodo 2022-2024.

“Estamos en condiciones de decir que aquí están los antecedentes que hacían falta tanto al Ministerio Público como a la Contraloría para acelerar los procesos en curso”, concluyó Saffirio, afirmando que el objetivo de su administración es “separar la paja del trigo y recuperar la confianza pública” en el Gobierno Regional de La Araucanía.