El organismo electoral rechazó por completo la rendición de gastos del parlamentario del PDG tras detectar inconsistencias, servicios sin acreditar y desembolsos vinculados a la campaña presidencial de Franco Parisi. El caso ahora podría escalar a sanciones.
El Servel rechazó íntegramente la rendición de gastos electorales presentada por el diputado Javier Olivares (PDG) tras las elecciones parlamentarias de 2025, cerrándole la puerta a un reembolso estatal superior a los $48 millones por considerar que existieron “omisiones graves” y antecedentes insuficientes para justificar los gastos declarados.
La resolución del organismo apunta directamente a asesorías supuestamente realizadas mediante WhatsApp, facturas sin respaldo verificable y movimientos bancarios que no pudieron ser acreditados. Parte importante de los antecedentes entregados por la defensa del parlamentario incluían capturas de conversaciones, audios y fotografías, elementos que el Servel consideró insuficientes para comprobar que los servicios efectivamente se realizaron.
El punto más delicado: gastos ligados a Franco Parisi
Uno de los aspectos más cuestionados por el organismo electoral fue la inclusión de actividades y gastos asociados al entonces candidato presidencial Franco Parisi, los que, según la resolución, no correspondían a la campaña parlamentaria de Olivares.
El Servel sostuvo que esos desembolsos debían ser financiados por la campaña presidencial respectiva y no cargados a la rendición del diputado del Partido de la Gente.
La situación abrió nuevas dudas sobre el control interno de los recursos utilizados durante las campañas del PDG, especialmente considerando que parte de los gastos observados superaban los $23 millones.
Servel acusa falta de pruebas concretas
Entre los documentos objetados aparecen millonarias facturas emitidas por servicios de asesoría jurídica, coordinación de campaña y dirección estratégica. Sin embargo, el organismo concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar la ejecución real de dichos trabajos.
La resolución incluso señala que no fue posible comprobar “de manera fehaciente” la prestación efectiva de los servicios declarados, lo que terminó provocando el rechazo total de la cuenta electoral.
El caso ahora pasa al Tricel
Tras el golpe del Servel, Javier Olivares presentó un recurso de reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), instancia que deberá revisar la legalidad de la decisión.
Paralelamente, los antecedentes fueron derivados a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral, unidad que evaluará eventuales sanciones por posibles infracciones a la normativa vigente.
El caso vuelve a instalar cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en campañas políticas y el estándar de fiscalización aplicado a los gastos electorales en Chile.
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