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CONTRALORÍA DETECTA 78 ÓRDENES POR $758 MILLONES A FAMILIARES DE FUNCIONARIOS EN CURACAUTÍN

La auditoría estableció que al menos 14 proveedores emparentados con funcionarios municipales recibieron órdenes de compra por $758.742.525 durante 2024 y 2025. El organismo fiscalizador calificó las contrataciones como contrarias a derecho y advirtió que pudieron generar privilegios para los involucrados. La municipalidad inició una investigación sumaria y, según informó la propia Contraloría, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.

Una investigación de la Contraloría Regional de La Araucanía dejó al descubierto una serie de graves irregularidades en la Municipalidad de Curacautín, entre ellas millonarias contrataciones con proveedores emparentados con funcionarios, negocios realizados por un prestador a honorarios mediante su propia empresa y la tramitación de proyectos particulares ante la Dirección de Obras Municipales (DOM).

Los hallazgos están contenidos en el Informe Final de Investigación Especial N° 201 de 2026, fechado el 10 de julio y difundido públicamente este jueves 3 de septiembre por la Contraloría General de la República.

La auditoría estableció que, durante 2024 y 2025, al menos 14 proveedores que mantenían vínculos de parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con funcionarios municipales celebraron contratos de suministro y prestación de servicios con el mismo municipio.

En total, la Contraloría identificó 78 órdenes de compra que alcanzaron una suma de $758.742.525.

La situación infringió el artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886, que prohíbe a los organismos públicos contratar con su propio personal, personas contratadas a honorarios, sus cónyuges o convivientes civiles, familiares de hasta segundo grado y determinadas sociedades o empresas vinculadas con ellos.

“Contrarias a derecho”

El organismo fiscalizador concluyó que estas operaciones fueron “contrarias a derecho” y vulneraron las normas de probidad y transparencia que regulan la contratación pública.

La Contraloría también advirtió que las operaciones eventualmente pudieron generar una “situación de privilegio y/o beneficio” para los proveedores, favorecida por la existencia de familiares al interior de la Municipalidad de Curacautín.

Entre las órdenes observadas aparecen adquisiciones efectuadas por las áreas de Educación, Salud, Obras, Desarrollo Social, Turismo, Finanzas y la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla).

Las compras de mayor cuantía individualizadas en el documento alcanzaron los $197.619.790, $92.100.164, $87.537.108 y $59.726.271, todas correspondientes a órdenes emitidas desde la Secpla. Debido a que el informe público se encuentra censurado, no es posible conocer responsablemente la identidad de los proveedores ni de los funcionarios relacionados.

Honorario contrató mediante su empresa

La fiscalización detectó, además, un caso distinto: un prestador que durante 2024 mantenía un contrato a honorarios con la Municipalidad de Curacautín para realizar servicios de arbitraje y apoyo a un campeonato regional de fútbol también contrató con el municipio mediante una empresa de su propiedad.

La orden de compra alcanzó los $1.992.000 y correspondió a la adquisición de implementos destinados a la escuela de fútbol municipal.

Para la Contraloría, esta operación también configuró una prohibición legal expresa, debido a que ninguna institución estatal puede contratar con una empresa perteneciente a una persona que, simultáneamente, presta servicios a honorarios en el mismo organismo.

Frente a estos hallazgos, el municipio informó que mediante el decreto exento N° 3.831, del 5 de junio de 2026, inició una investigación sumaria destinada a determinar eventuales responsabilidades administrativas.

La Contraloría mantuvo íntegramente sus observaciones y ordenó agilizar el procedimiento disciplinario, además de implementar una base de datos y mecanismos de cruce de información que permitan impedir nuevas contrataciones con proveedores inhabilitados.

Según comunicó públicamente la propia Contraloría General de la República, los antecedentes relacionados con estas contrataciones también fueron enviados al Ministerio Público.

Honorarios ingresaron 53 expedientes particulares

La investigación no se limitó a las compras municipales. El organismo fiscalizador también revisó la intervención de profesionales contratados a honorarios en expedientes que posteriormente debían ser examinados por la propia Dirección de Obras Municipales de Curacautín.

Contraloría comprobó que, durante 2024 y 2025, tres servidores a honorarios ingresaron expedientes como arquitectos patrocinantes, pese a mantener un vínculo contractual vigente con la municipalidad.

El detalle incluido en el informe suma 53 expedientes relacionados con permisos de edificación, ampliaciones, demoliciones y otras solicitudes: un profesional presentó 26, otro ingresó 24 y un tercero tramitó tres.

Además, dos servidores a honorarios de la Secpla participaron durante 2025 en siete proyectos de especialidad vinculados con permisos de edificación: uno de carácter estructural y seis proyectos sanitarios.

Contraloría explicó que la incompatibilidad existe incluso si estas actividades fueron desarrolladas fuera de la jornada laboral, debido a que los profesionales no pueden ejercer privadamente en asuntos que deban ser analizados, informados o resueltos por el mismo organismo público para el cual trabajan.

Gestiones privadas durante la jornada laboral

El informe también consigna que dos profesionales a honorarios de la Secpla realizaron consultas y gestiones ante la DOM relacionadas con expedientes particulares durante el horario de trabajo.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el director de Obras Municipales, estas actuaciones se habrían producido pese a advertencias verbales efectuadas anteriormente por las arquitectas revisoras.

Contraloría logró comprobar que una de las profesionales pagó presencialmente los derechos asociados a una demolición el 9 de marzo de 2026. La arquitecta patrocinante del expediente mantenía, además, una sociedad compartida con la servidora municipal.

Otro profesional reconoció haber efectuado consultas sobre el estado de carpetas y señaló que posteriormente traspasó los expedientes a otro arquitecto, debido a que su firma se encontraba bloqueada por la DOM de Curacautín para continuar con las tramitaciones.

El organismo fiscalizador mantuvo esta observación y ordenó a la municipalidad capacitar a todo su personal en probidad administrativa y cumplimiento de la jornada laboral.

Funcionario de Lautaro y siete correos en horario de trabajo

El cruce de información permitió detectar también la participación de un arquitecto de planta de la Municipalidad de Lautaro, quien realizó gestiones ante la DOM de Curacautín respecto de expedientes particulares que estaban bajo su patrocinio.

La Contraloría identificó siete correos electrónicos enviados durante su jornada laboral entre junio y septiembre de 2025. En ellos, el funcionario consultó por observaciones, solicitó la tramitación de expedientes y remitió documentos pendientes.

La Municipalidad de Lautaro no entregó una respuesta dentro del plazo establecido durante la auditoría, por lo que la observación fue mantenida.

Contraloría ordenó a ese municipio instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. El acto que disponga la investigación deberá ser remitido a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría dentro de 15 días hábiles.

Medidas y plazos impuestos por Contraloría

La Municipalidad de Curacautín deberá implementar manuales y procedimientos destinados a impedir que funcionarios o prestadores a honorarios intervengan en contrataciones y expedientes particulares afectados por inhabilidades o incompatibilidades.

Las medidas tendrán que ser formalizadas, difundidas entre el personal y acreditadas ante la Contraloría dentro de un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del informe.

El documento también deberá ser presentado al Concejo Municipal de Curacautín durante la primera sesión celebrada después de su recepción. La Secretaría Municipal tendrá diez días desde esa sesión para acreditar ante la Contraloría que los concejales conocieron el contenido de la investigación.