La región acumula 38.101 inscripciones desde la implementación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, de las cuales 18.697 permanecen vigentes. Cerca del 95% de estos registros corresponde a hombres, mientras que el Juzgado de Familia de Temuco concentra la mayor cantidad de casos.
Un total de 18.697 inscripciones vigentes por incumplimiento en el pago de pensiones de alimentos registra la Región de La Araucanía, según antecedentes entregados por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos. Las cifras reflejan la magnitud de una problemática que afecta el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir los recursos económicos destinados a su manutención y desarrollo.
Desde la implementación de la Ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, la región acumula 38.101 inscripciones. De ese total, 19.404 han sido canceladas, mientras que otras 18.697 permanecen vigentes, equivalentes al 49,1% de los registros históricos.
Uno de los antecedentes más relevantes es la distribución de las inscripciones según sexo. De los registros vigentes, 17.734 corresponden a hombres, lo que representa aproximadamente el 95% del total regional. En tanto, 899 corresponden a mujeres y otros 64 figuran en una categoría distinta.
Temuco concentra la mayor cantidad de registros
En cuanto a la distribución territorial, el Juzgado de Familia de Temuco encabeza las estadísticas regionales con 7.271 inscripciones vigentes, equivalentes al 38,9% del total de La Araucanía.
Le siguen el Juzgado de Familia de Angol, con 1.673 registros; el Juzgado de Letras de Villarrica, con 1.630; y el Juzgado de Letras de Lautaro, con 1.167.
En conjunto, estos cuatro tribunales concentran 11.741 inscripciones vigentes, lo que representa aproximadamente el 62,8% del total regional. Cabe precisar que las cifras corresponden a los registros asociados a cada tribunal y no necesariamente a personas residentes en las respectivas comunas.
Frente a estos antecedentes, la seremi de Justicia y Derechos Humanos de La Araucanía, Stephanie Caminondo, enfatizó que el cumplimiento de las pensiones alimenticias constituye una obligación legal.
«El pago de una pensión de alimentos no es una opción, es una obligación legal y, sobre todo, una responsabilidad con nuestros niños, niñas y adolescentes. Este registro permite establecer consecuencias concretas para quienes incumplen sus deberes y así avanzar hacia una mayor protección de sus derechos», sostuvo la autoridad.
¿Qué consecuencias tiene figurar en el registro?
El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, contempla distintas medidas destinadas a incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La legislación establece que una persona puede ser incorporada al registro por orden del tribunal competente cuando mantiene tres mensualidades consecutivas impagas o cinco discontinuas, correspondientes a una pensión de alimentos provisoria o definitiva.
Entre las medidas contempladas se encuentran la retención de determinados créditos bancarios, la devolución anual de impuestos y recursos provenientes de operaciones de compraventa de bienes, además de restricciones para obtener o renovar documentos como la licencia de conducir y el pasaporte, conforme a los requisitos establecidos por la ley.
Asimismo, existen mecanismos de retención asociados a indemnizaciones laborales y determinadas contrataciones, remuneraciones o ascensos en el sector público.
Caminondo agregó que el incumplimiento de estas obligaciones tiene consecuencias que van más allá de las cifras económicas.
«Detrás de cada pensión de alimentos impaga hay familias que deben enfrentar dificultades económicas y asumir responsabilidades que deberían ser compartidas. Por eso, es fundamental seguir fortaleciendo los mecanismos que permitan avanzar hacia una mayor corresponsabilidad parental», manifestó.
Sin antecedentes sobre el monto total adeudado
Pese a la magnitud de las cifras, los antecedentes difundidos no especifican cuánto dinero se adeuda actualmente por concepto de pensiones alimenticias en La Araucanía ni cuántos niños, niñas y adolescentes están directamente afectados.
Tampoco se informa cuántas personas distintas representan las 18.697 inscripciones vigentes ni se entrega una comparación con períodos anteriores que permita determinar si el incumplimiento ha aumentado o disminuido durante el último año.
De igual manera, no se detallan las razones de cancelación de los 19.404 registros históricos, información necesaria para establecer cuántos casos corresponden a deudas efectivamente pagadas y cuántos a otras causales contempladas en la legislación.
Estas estadísticas permitirían dimensionar con mayor precisión el impacto económico y social del incumplimiento de las pensiones de alimentos en la región.
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