El gremio acusó que la medida profundizará la desigualdad en el campo chileno, dejando fuera a miles de pequeños productores de programas sociales como Fosis e Indap.
La organización Agricultores Unidos de Chile denunció que la nueva normativa del Servicio de Impuestos Internos (SII), que obliga a contar con inicio de actividades para acceder a programas estatales, representa una medida regresiva que afectará principalmente a los campesinos más vulnerables.
El presidente del gremio, Camilo Guzmán, sostuvo que el control de recursos es necesario, pero no puede transformarse en un mecanismo de exclusión: “En Chile los pequeños productores pagan impuestos altos, no reciben subsidios y deben competir con grandes industrias que ejercen abuso de posición dominante. Esta norma, en lugar de cerrar brechas, las profundiza”.
De acuerdo con cifras internas, cerca del 90% de los usuarios del Fosis no están formalizados, mientras que en Indap la mayoría son familias que producen para autoconsumo o con ventas muy esporádicas. Según Guzmán, pedir inicio de actividades a campesinos que apenas sobreviven es “levantar un muro imposible de saltar”.
El gremio también cuestionó las distorsiones del mercado agrícola, acusando precios fijados de manera arbitraria por grandes compradores y competencia desleal frente a productos importados que llegan con subsidios estatales en sus países de origen. “Imponer esta exigencia solo generará más concentración de mercado y más desigualdad en el campo chileno”, advirtió.
Frente a este escenario, Agricultores Unidos emplazó directamente al Estado a garantizar condiciones mínimas de justicia económica antes de imponer nuevas cargas tributarias. A la vez, propuso tres pasos para una aplicación justa: aplicar la norma de manera gradual y diferenciada, mantener excepciones claras para el autoconsumo y ventas ocasionales, y ofrecer capacitación tributaria real en zonas rurales.
Para frenar la entrada en vigencia de la exigencia en octubre, el gremio anunció que llevará el tema a la Comisión de Agricultura del Congreso, lo presentará en la Comisión del Maíz del 3 de septiembre y solicitará reuniones con los ministerios de Agricultura, Hacienda y Economía.
“No nos oponemos a la fiscalización. Lo que pedimos es flexibilidad y acompañamiento. Sin eso, esta política será otra carga que asfixie al mundo rural”, concluyó Guzmán.
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