Araucanía bajo la lupa: Contraloría detecta obras públicas paralizadas y recontratadas con demoras y sobrecostos

La Contraloría reveló que más de 517 obras públicas quedaron inconclusas en los últimos diez años y que otros 295 proyectos debieron ser recontratados, algunos con aumentos de más del 50% del costo original. En La Araucanía, el Servicio de Salud Araucanía Norte y la “Dirección de Arquitectura de la IX Región“ aparecen mencionados dentro del análisis nacional, lo que abre dudas sobre retrasos, fiscalización y uso de recursos públicos.

La Contraloría publicó su Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°17, donde revisó más de 166 mil obras públicas registradas entre 2015 y mayo de 2025 en el sistema Sisgeob, la plataforma institucional donde los servicios del Estado informan el avance de sus proyectos. El informe detectó 812 obras con término anticipado, es decir, contratos que se cerraron antes de que la obra estuviera terminada. De ese total, 517 quedaron sin registro de recontratación, lo que implica que los trabajos se detuvieron y no fueron retomados.

Según el análisis del organismo fiscalizador, los años más críticos fueron 2021 y 2022, cuando se registraron 78 y 67 obras paralizadas, respectivamente. En términos simples, significa que cientos de proyectos anunciados, contratados e iniciados se detuvieron sin entregar el beneficio prometido a las comunidades.

Dentro del análisis nacional aparecen servicios de La Araucanía. Uno de ellos es el Servicio de Salud Araucanía Norte, donde la Contraloría detectó obras que requirieron recontrataciones, un proceso que, según el informe, puede tardar en promedio hasta 17 meses. Esto refleja que, incluso en ámbitos prioritarios como salud, hay proyectos que han debido reiniciarse con demoras significativas.

Otro caso es la Dirección de Arquitectura de la IX Región, unidad del Ministerio de Obras Públicas responsable de licitar y supervisar edificios públicos. Esta dirección regional también registra obras con recontrataciones, lo que sugiere interrupciones en la continuidad de proyectos que deberían beneficiar directamente a la ciudadanía. Para la señora Juanita, eso significa que edificios públicos, centros comunitarios o infraestructura estatal quedaron detenidos, costaron más o tardaron más de lo previsto.

En la revisión nacional, la Contraloría identificó además 295 obras que sí fueron recontratadas, aunque no necesariamente con buenos resultados: 13 de ellas superaron el 50% de aumento en su costo original y algunas llegaron a triplicar el presupuesto inicial. La mayoría de estas recontrataciones se registraron entre 2020 y 2023.

Frente a estas situaciones, el organismo anunció una fiscalización dirigida específicamente a las 13 obras con sobrecostos extremos, a las tres que fueron recontratadas con la misma empresa pese a sus incumplimientos y a los servicios encargados de proyectos que siguen paralizados. Además, exigió que las instituciones públicas actualicen la información pendiente en el sistema Sisgeob y detallen el estado actual de cada una de las obras inconclusas.