Avances y contradicciones en el caso Democracia Viva a 10 meses de su estallido

Una década de incertidumbre y contradicciones envuelven al caso Democracia Viva, que cumplió 10 meses desde su explosión inicial esta semana. Mientras se han presentado avances significativos, también han surgido nuevas interrogantes que desafían las versiones previas.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, y la diputada Catalina Pérez (RD suspendida) marcaron la pauta de los últimos acontecimientos. Montes declaró como testigo ante la Fiscalía, mientras que Pérez lo hizo bajo la condición de imputada. «Concurrió voluntariamente a declarar (…) Ella solicitó esta toma de declaración», comentó su abogado, Gonzalo Medina.

Pérez, quien mantuvo relación con los tres únicos imputados del caso, buscó aclarar su rol: «Dio cuenta de su conocimiento e intervención en los hechos», indicó su representante. A pesar de su cercanía con los implicados, Pérez no había sido requerida por el Ministerio Público hasta esta jornada.

El caso también ha puesto bajo escrutinio a Miguel Crispi, jefe de asesores de Presidencia y uno de los fundadores de Revolución Democrática (RD). Se ha cuestionado cuándo informó al Presidente Gabriel Boric sobre la situación de Democracia Viva. Crispi afirmó haberse enterado «mediante un rumor» nueve días antes de la publicación en la prensa, versión que ha sido cuestionada por el exseremi Contreras.

La declaración de Verónica Serrano, tía de Crispi y exjefa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, también arrojó luz sobre el caso. Contreras la señaló como la responsable de presionar para cerrar convenios con fundaciones. «Quiero hacer hincapié que (de) ninguna otra autoridad del Ministerio recibí el nivel de presión que recibí desde Verónica Serrano», apuntó.

A medida que el caso avanza, las versiones se entrelazan y las contradicciones emergen, alimentando el interés público y la necesidad de esclarecer la verdad.