La fiscalía deberá definir en los próximos días si amplía la investigación o presenta acusación formal en la causa por la muerte de Julia Chuñil Catricura. El caso mantiene a Javier Troncoso Chuñil en prisión preventiva como principal sospechoso de parricidio.
La etapa investigativa que culmina durante estos días comenzó tras un operativo realizado en enero de 2026 en la Región de Los Ríos, instancia en la que fueron detenidos hijos de la dirigenta y un exyerno. Respecto de la situación de los demás hermanos de Javier, en abril de 2026 la justicia revocó las medidas cautelares de arresto domiciliario que afectaban a Janette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil. Aunque inicialmente fueron considerados sospechosos, posteriormente las diligencias apuntaron a una eventual participación como encubridores y no como autores del crimen.
Durante este periodo, la fiscalía ha concentrado sus esfuerzos en reunir evidencia científica que respalde la tesis de un ataque ocurrido al interior del domicilio familiar, descartando otras líneas investigativas que inicialmente formaron parte del caso.
Conflicto territorial y líneas investigativas descartadas
En las primeras etapas de la investigación, familiares y comunidades mapuche apuntaron a la posible participación de terceros vinculados al conflicto territorial que mantenía Julia Chuñil. Uno de los nombres mencionados fue el del empresario Juan Carlos Morstadt, propietario del predio La Fritz, quien mantenía disputas y denuncias por usurpación relacionadas con terrenos reclamados por la familia de la víctima.
Entre los antecedentes conocidos durante la investigación, destacó una llamada interceptada donde presuntamente se escucharía la frase “la quemaron”, elemento que generó sospechas en torno al entorno del empresario. Sin embargo, hasta ahora no existen imputaciones formales contra Morstadt, ya que la fiscalía optó por enfocar la persecución penal exclusivamente en el círculo cercano de la dirigenta.
Familia acusa “sesgo” en la investigación
La familia de Julia Chuñil ha cuestionado públicamente la línea investigativa encabezada por la fiscal Tatiana Esquivel, acusando un “sesgo evidente” y asegurando que se han ignorado hipótesis que involucrarían a terceros externos. Los imputados han sostenido que la investigación dejó de lado antecedentes relevantes para concentrarse únicamente en la familia, calificando el proceso como un eventual montaje.
Pese a los cuestionamientos de la defensa, uno de los momentos más relevantes ocurrió en abril de 2026, cuando peritos encontraron osamentas humanas enterradas en las cercanías del domicilio de la víctima. Estos restos, junto con rastros biológicos hallados en una carreta y otros sectores del inmueble, permitieron al Ministerio Público reforzar la tesis de parricidio y encubrimiento.
Con el cumplimiento del plazo judicial durante esta semana, se espera que la fiscalía determine si solicitará una ampliación de la investigación o si avanzará hacia la acusación formal para un futuro juicio oral.


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