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Caso SQM termina en absolución: todos los implicados quedan libres tras más de una década de juicio

El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a los ocho últimos imputados del caso SQM, el mayor escándalo de financiamiento político irregular en la historia de Chile, tras diez años de investigación y más de mil días de juicio oral.

El pasado miércoles 22 de octubre, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago resolvió absolver a los ocho últimos implicados en el caso SQM, incluyendo figuras destacadas como el exgerente general Patricio Contesse, el exministro Pablo Longueira y el actual candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

El caso se inició en 2014, luego del escándalo Penta, cuando la fiscalía comenzó a investigar la emisión de boletas y facturas fraudulentas por parte de SQM entre 2008 y 2014, destinadas a la financiación de campañas políticas. En total, se habrían beneficiado los principales partidos chilenos con más de 36 mil millones de pesos en aportes reservados, siendo el 45 % para la Unión Demócrata Independiente, el 20 % para Renovación Nacional, el 15 % para la Democracia Cristiana, el 7 % para el Partido por la Democracia, el 4 % para el Partido Socialista y el 1 % para el Partido Radical Socialdemócrata.

El proceso judicial se caracterizó por su magnitud y complejidad, con más de 1.200 documentos tributarios fraudulentos, más de 16 mil documentos presentados como evidencia, cerca de 100 peritos, y mil testigos, de los cuales 14 fallecieron durante la investigación. La lista de acusados se redujo con el tiempo, llegando finalmente a los ocho absueltos.

La jueza María Teresa Barrientos, quien dictó el veredicto, explicó que las pruebas se encontraban “mezcladas, revueltas y repetidas” y que la dilación del proceso hacía que las penas solicitadas estuvieran “prácticamente cumplidas”.

El veredicto generó fuertes críticas, entre ellas las del ex fiscal Carlos Gajardo, quien calificó la resolución como “la mayor derrota que ha tenido la Fiscalía en la historia de la Reforma Procesal Penal” y sostuvo que refuerza la percepción de que “en Chile sólo se encarcela pobreza”.