Chile enfrenta un aumento alarmante de explotación sexual infantil: tasas se disparan un 89% en dos años

Entre 2022 y 2024, la Defensoría de la Niñez registra un incremento sostenido de víctimas, afectando principalmente a adolescentes mujeres y evidenciando grietas estructurales en la protección de los niños, niñas y adolescentes.

Chile atraviesa un escenario crítico en materia de explotación sexual infantil. Según cifras del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, basadas en datos del Ministerio Público, entre 2022 y 2024 la tasa de víctimas por cada 100 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) se disparó un 89% en delitos de obtención y facilitación, y un 59% en los relacionados con material abusivo.

Durante 2024, se contabilizaron 858 víctimas por obtención y facilitación, lo que representa un incremento del 69% y 92% respectivamente respecto a 2022. Por su parte, los delitos vinculados a material abusivo afectaron a 840 NNA, con un 82% de las víctimas mujeres y más de la mitad entre 14 y 17 años. Las regiones con mayor incidencia fueron Magallanes, Ñuble y Los Ríos, donde las cifras muestran la magnitud de la crisis.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que “ya no podemos hablar de un fenómeno aislado; esto es una conducta que se ha ido instalando como una forma grave de violencia contra los niños y adolescentes”. Según Quesille, la explotación sexual infantil representa una forma de esclavitud contemporánea, donde la voluntad de NNA se ve sometida a cambio de dinero, protección o beneficios materiales.

Parte del aumento también se explica por cambios legales: desde 2022, la explotación sexual contra NNA es considerada un delito específico, mientras que antes se investigaba bajo figuras más amplias de abuso sexual. Sin embargo, el defensor enfatizó que factores socioculturales, como la aceptación y normalización de relaciones entre adultos y adolescentes mujeres a cambio de beneficios, siguen potenciando la problemática.

Quesille subrayó además la urgencia de que Chile ratifique el Convenio de Lanzarote, el primer tratado internacional que protege específicamente a los NNA frente a la violencia sexual. Según el defensor, la adhesión al convenio no solo tendría un valor simbólico, sino que impondría obligaciones concretas al Estado para mejorar investigación, sanción y acompañamiento técnico internacional.

Desde el Ministerio Público, Maurizio Sovino, director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales, reconoció que las cifras reflejan desafíos pendientes. “Hemos fortalecido la coordinación con unidades policiales y el intersector, y avanzado en la formación especializada de fiscales. Pero aún se requieren medidas estatales más robustas para prevenir estos crímenes y proteger efectivamente a las víctimas”, señaló.

La Defensoría de la Niñez hace un llamado urgente a reforzar la prevención, asegurar la persecución penal efectiva y consolidar mecanismos de protección especializada, siempre respetando el interés superior del niño y evitando la revictimización. Según Quesille, la lucha contra la explotación sexual infantil debe ser integral, combinando justicia, educación y conciencia social para erradicar prácticas que aún persisten en el país.