El organismo fiscalizador respondió a una reclamación gremial por la reestructuración de la Unidad de Control del Gobierno Regional de La Araucanía y el cambio de funciones de un dirigente sindical. Aunque no detectó irregularidades en las actuaciones examinadas, reiteró que la auditoría interna debe mantenerse separada de las demás labores de control institucional.
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una controversia administrativa al interior del Gobierno Regional de La Araucanía (GORE), luego de una reclamación presentada por una dirigente gremial que cuestionó la reorganización de la Unidad de Control y la modificación de funciones de un funcionario con fuero sindical.
Mediante el Oficio N.º OF199417/2026, firmado el 21 de octubre de 2026, el organismo fiscalizador concluyó que no advirtió irregularidades en la reorganización examinada. Sin embargo, recordó al Gobierno Regional la obligación de garantizar que las funciones de auditoría interna se desarrollen separadamente de las demás actividades asignadas a la Unidad de Control.
Reclamación por cambios en la estructura del GORE
La presentación fue realizada por Nayade Aguirre Mancilla, dirigente de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, quien cuestionó los efectos de la Resolución Exenta N.º 300 de 2026.
Mediante ese acto administrativo, el Gobierno Regional reorganizó su Unidad de Control en tres secciones, entre ellas una denominada Sección de Rendiciones.
Según la reclamante, esta última asumiría responsabilidades correspondientes a otras divisiones del organismo, lo que podría generar duplicidad de funciones e interferencias administrativas, en contradicción con los principios de eficiencia y eficacia que deben regir el funcionamiento de los servicios públicos.
La denuncia también abordó la situación de Jaime Candia Sandoval, funcionario del GORE y dirigente con fuero gremial, cuyas labores fueron modificadas desde encargado de la Unidad de Auditoría Interna a profesional de apoyo de la Sección de Rendiciones, sin que, según la presentación, hubiera prestado previamente su consentimiento.
Contraloría respalda reorganización, con una exigencia
Durante la revisión, Contraloría solicitó antecedentes al Gobierno Regional, institución que defendió la distribución de funciones establecida mediante la reorganización.
El GORE argumentó que las labores de la Sección de Rendiciones se encuentran comprendidas dentro de las atribuciones que la Ley N.º 19.175 entrega a las unidades de control de los gobiernos regionales, especialmente en materia de fiscalización de legalidad y supervisión financiera y presupuestaria.
Tras analizar los antecedentes, Contraloría consideró que las tareas asignadas a la nueva sección no parecían incompatibles con una fiscalización posterior de los procesos de rendición de cuentas.
Por ello, señaló que “no advierte irregularidad en el actuar del GORE” respecto de la materia examinada.
No obstante, el pronunciamiento incorporó una precisión relevante para el funcionamiento de esta repartición.
El organismo recordó que el Gobierno Regional deberá ajustarse estrictamente al Dictamen N.º E262231 de 2022, que establece la necesidad de mantener separada la función de auditoría interna de las demás labores desarrolladas por las unidades de control.
Esta separación busca resguardar la independencia y objetividad de las auditorías, evitando que quienes fiscalizan determinados procedimientos intervengan simultáneamente en las tareas administrativas que posteriormente deben revisar.
¿Qué ocurrió con el dirigente gremial?
Respecto de la situación de Jaime Candia Sandoval, Contraloría hizo presente que las organizaciones gremiales pueden representar a sus asociados ante organismos fiscalizadores, pero requieren que estos soliciten expresamente dicha intervención.
En este caso, el oficio señala que no constaba que el funcionario hubiera autorizado expresamente a la organización para efectuar esa representación.
Adicionalmente, el organismo recordó el criterio establecido en el Dictamen N.º 44.250 de 2017, conforme al cual el fuero gremial no impide que las autoridades dispongan adecuaciones o reestructuraciones institucionales.
De acuerdo con ese pronunciamiento, los cambios de funciones derivados de medidas de reorganización no constituyen, por sí mismos, una vulneración del fuero gremial ni requieren necesariamente el consentimiento del dirigente.
El oficio no establece la existencia de una represalia sindical ni acredita una vulneración de los derechos del funcionario.
Una unidad clave para fiscalizar los recursos públicos
La controversia se relaciona con una repartición que cumple un papel relevante en la supervisión administrativa y financiera del Gobierno Regional.
Novena Digital ya había informado anteriormente sobre la aprobación, por parte del Consejo Regional de La Araucanía, del perfil profesional para la jefatura de la Unidad de Control y la designación de un representante del CORE en el comité de selección correspondiente.
La importancia de esta estructura radica en las facultades que le entrega la legislación para fiscalizar la legalidad de los actos administrativos, controlar la ejecución financiera y presupuestaria y colaborar con el Consejo Regional en sus funciones de fiscalización.
El nuevo oficio de Contraloría cierra el análisis de los cuestionamientos sometidos a su conocimiento sin establecer irregularidades en la reorganización examinada. Al mismo tiempo, deja expresamente reiterada la obligación del GORE de resguardar la separación funcional de sus auditorías internas.
De esta manera, el cumplimiento efectivo de esa exigencia constituye un aspecto relevante para la supervisión y transparencia de los procedimientos institucionales.
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