El organismo fiscalizador detectó conflictos de interés, cobros improcedentes, remates cuestionados y una eventual vulneración al principio de probidad. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
La Contraloría Regional de La Araucanía detectó una serie de irregularidades en la concesión y operación del aparcadero municipal de Villarrica, servicio que estuvo a cargo de una empresa privada entre 2023 y 2025 para la custodia de vehículos retirados de circulación.
Los antecedentes fueron contenidos en el Informe Final N.º 160 de 2026, documento que reveló problemas administrativos, financieros y operativos, además de eventuales conflictos de interés vinculados a funcionarios municipales.
Entre los hallazgos más relevantes figura la participación de dos trabajadores de la Municipalidad de Villarrica como propietarios de la empresa concesionaria al momento de suscribirse el contrato. Según Contraloría, esta situación configuraba una causal de inhabilidad contemplada en la normativa vigente.
La auditoría también detectó que la empresa realizó cobros improcedentes por conceptos no contemplados en las bases de la concesión y aplicó tarifas que superaban los límites establecidos en la ordenanza municipal. Asimismo, se constató el funcionamiento del servicio sin la patente comercial exigida, situación que se habría mantenido durante todo el período auditado.
Otro de los puntos observados corresponde a la realización de remates de vehículos sin autorización judicial o sin antecedentes que los justificaran, incluyendo el caso de un automóvil que mantenía un encargo policial vigente al momento de ser subastado. Además, algunos vehículos fueron rematados como «chatarra» sin que existiera constancia de que efectivamente cumplían con dicha condición.
Eventual falta a la probidad
El informe también advierte una eventual vulneración al principio de probidad relacionada con el entonces director de Control municipal.
De acuerdo con la investigación, el funcionario intervino activamente en gestiones vinculadas al retiro de un vehículo que se encontraba bajo custodia en el aparcadero, suscribiendo una carta poder junto al propietario y participando posteriormente en una transferencia que terminó beneficiando a un familiar directo.
Contraloría además detectó un caso de cobro indebido a un propietario de vehículo por un monto de $250.000 por concepto de bodegaje, pese a que dicha deuda había sido previamente condonada por el municipio y sin que existieran registros formales de rendición de esos recursos.
Alcalde Astete apunta a la administración anterior
Tras conocerse el informe, el alcalde de Villarrica, Pablo Astete, emitió una declaración pública en la que enfatizó que la concesión fue adjudicada el 1 de febrero de 2023 mediante trato directo durante la administración anterior.
La autoridad señaló que la empresa concesionaria estaba constituida por dos funcionarios municipales que se desempeñaban en ese período y aseguró haber otorgado todas las facilidades para el desarrollo de la investigación.
Además, indicó que solicitó expresamente que el sumario administrativo derivado de estos hechos sea instruido directamente por Contraloría, argumentando que no tuvo participación en el proceso revisado y que busca garantizar la imparcialidad del procedimiento.
Antecedentes fueron enviados al Ministerio Público
Como resultado de la auditoría, la Contraloría ordenó la realización de un sumario administrativo, instruyó al municipio invalidar actos administrativos vinculados a funcionarios en situación de inhabilidad y exigió la implementación de nuevos mecanismos de control para evitar situaciones similares.
Junto con ello, el organismo remitió los antecedentes al Ministerio Público y otorgó un plazo de 60 días hábiles para que la Municipalidad de Villarrica informe las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las observaciones formuladas.
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