Contraloría detecta millonarias irregularidades en el Gobierno Regional de La Araucanía durante la gestión de Luciano Rivas

Más de $17 mil millones fueron traspasados vía asignación directa a fundaciones, muchas de ellas sin justificación técnica ni jurídica. Contraloría ordenó sumarios.

La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en el Gobierno Regional de La Araucanía (GORE) vinculadas al traspaso directo de fondos públicos a fundaciones durante los años 2022 y 2023, periodo en que el organismo fue encabezado por el exgobernador Luciano Rivas. Según el informe del ente fiscalizador, se firmaron 25 convenios por un total de $17.097 millones con siete organizaciones privadas, sin que existieran las condiciones mínimas de control, evaluación ni respaldo técnico.

Actualmente, el GORE de La Araucanía es liderado por el gobernador René Saffirio, quien asumió tras la salida de Rivas, en medio de una creciente presión por mejorar los estándares de transparencia institucional.

Fundaciones sin experiencia ni personalidad jurídica vigente

De acuerdo con la auditoría, muchas de las fundaciones beneficiadas con recursos públicos presentaban serias deficiencias legales y técnicas. En algunos casos, las entidades no contaban con personalidad jurídica vigente al momento de firmar los convenios, o bien carecían de experiencia comprobable en las áreas en las que se les asignaron proyectos.

Entre las organizaciones cuestionadas figuran Fundación Local, Instituto Vladimir Nazor y Fundación Alihuen Consultores. Pese a estos antecedentes, las asignaciones fueron aprobadas por el GORE bajo la figura de convenios de transferencia directa, mecanismo que la Contraloría calificó como utilizado sin fundamento suficiente.

Conflictos de interés y vínculos personales

El informe también expone la existencia de potenciales conflictos de interés. Un caso emblemático corresponde a una funcionaria del GORE que participó en la evaluación de proyectos y que más tarde trabajó en la fundación que ejecutó esos mismos programas, poniendo en duda la imparcialidad del proceso y abriendo la posibilidad de acceso privilegiado a información interna.

Contraloría advirtió además sobre vínculos familiares y personales entre algunos funcionarios públicos y las organizaciones receptoras de los fondos, situación que agrava las responsabilidades administrativas.

Eventos financiados con fondos regionales también están bajo cuestionamiento

Otra de las observaciones relevantes del informe se relaciona con la actividad conmemorativa del aniversario del Destacamento Tucapel, organizada en 2023 y que fue financiada con $135 millones del presupuesto regional. La Contraloría consideró improcedente que las invitaciones al evento incluyeran a la consejera regional Genoveva Sepúlveda como “coanfitriona”, ya que ello no corresponde a su rol institucional.

Además, se detectó la intervención de funcionarios municipales en el diseño de las invitaciones y se constató la falta de mecanismos preventivos para asegurar un adecuado uso de los recursos, tanto en ejecución como en rendición de cuentas.

Sumarios administrativos en curso y críticas políticas

Como consecuencia de estas observaciones, la Contraloría ha instruido la apertura de sumarios administrativos para determinar responsabilidades y establecer sanciones. El caso ha generado diversas reacciones políticas. La diputada Ericka Ñanco acusó al anterior Gobierno Regional de desinformar a la ciudadanía sobre el real alcance de las investigaciones.

El informe también se conoce en un contexto donde La Araucanía registró, bajo la administración de Rivas, la peor ejecución presupuestaria a nivel nacional en 2024, con solo un 69,2% del gasto devengado, muy por debajo del promedio nacional.