Más de $20 mil millones no fueron recuperados por el servicio, que mantuvo una gestión manual y sin acciones de cobro, incluso en casos de funcionarios desvinculados.
Un severo informe de la Contraloría Regional Metropolitana reveló un grave desorden administrativo en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), tras constatar que el organismo no gestionó la recuperación de más de $20.916 millones asociados a licencias médicas rechazadas entre 2017 y 2024. La auditoría —informe N°223 de 2025— calificó la administración como “crítica”, apuntando a un sistema precario y sin control efectivo.
El análisis detectó que casi 10 mil licencias fueron rechazadas por Isapres y Fonasa, pero el servicio no cobró los subsidios por incapacidad laboral, que superan los $5.500 millones, ni exigió la devolución de recursos en casos donde los días no estaban legalmente justificados. Además, se pagaron $56 millones por reposos rechazados a personas que ya no trabajaban en la institución, lo que derivó en un “reparo” que podría terminar en un juicio de cuentas.
La fiscalización también evidenció que la gestión se realizaba mediante planillas Excel, sin utilizar los módulos oficiales del sistema institucional, lo que habría facilitado el desorden financiero. La Dirección Nacional de la JUNJI deberá presentar en 60 días hábiles un plan para recuperar los fondos y modernizar sus mecanismos de control, mientras los antecedentes serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado para eventuales acciones legales.
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