Contraloría expone grave falla del Estado: entidades de La Araucanía contrataron personas inhabilitadas para trabajar con menores

Un informe oficial de la CGR reveló que durante 2025 personas con prohibición absoluta para trabajar con menores ejercieron funciones públicas. En el listado aparecen el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía y la Municipalidad de Lumaco.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que durante 2025 un total de 35 personas legalmente inhabilitadas para trabajar con menores de edad desempeñaron funciones en instituciones públicas, manteniendo contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes, incumpliendo la normativa vigente y comprometiendo gravemente la protección de derechos fundamentales.

El antecedente fue dado a conocer a través del 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC N°19), documento que además confirma que La Araucanía figura directamente en este listado nacional, ya que dos entidades de la región mantuvieron vínculos contractuales con personas que tenían inhabilitación absoluta para ejercer funciones con menores:

• Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía
• Municipalidad de Lumaco

El informe también revela que entre 2020 y agosto de 2025 se registraron 164 casos a nivel nacional de personas inhabilitadas que ejercieron o ejercen cargos con contacto directo y habitual con menores, involucrando a 72 instituciones del Estado. La mayor concentración de estos casos se dio en el ámbito educacional, en funciones como profesores, asistentes de la educación y auxiliares, áreas especialmente sensibles por su relación cotidiana con la infancia.

La normativa vigente (artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal) establece inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para personas condenadas por delitos sexuales contra menores, obligación que debe ser verificada antes de cualquier contratación mediante el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones. Según la CGR, estos controles no se aplicaron de manera efectiva, incluso en servicios con responsabilidad directa sobre niños y adolescentes.

Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó a las instituciones involucradas a poner término inmediato a los vínculos irregulares, iniciar sumarios administrativos, determinar responsabilidades funcionarias y reportar las acciones adoptadas en un plazo máximo de cinco días hábiles, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

El informe deja en evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control del Estado, situación que no solo tiene alcance nacional, sino que también impacta directamente a La Araucanía, exponiendo a niños, niñas y adolescentes a riesgos que la ley busca precisamente evitar.