La iniciativa busca obligar a las empresas a permitir que los consumidores pongan fin a sus contratos por la misma vía utilizada para contratarlos, evitando trabas, cobros posteriores y exigencias presenciales.
Los diputados José Montalva y Carlos Cuadrado Prats, junto a otros parlamentarios, presentaron un proyecto de ley que busca modificar la normativa de protección al consumidor para garantizar que las personas puedan poner término a sus contratos mediante el mismo canal utilizado para celebrarlos.
La propuesta surge frente a una situación que, según sus impulsores, afecta a miles de consumidores: contratar servicios por teléfono, internet o aplicaciones suele ser un proceso rápido y sencillo, mientras que cancelarlos puede transformarse en un trámite complejo, con largas esperas, derivaciones, exigencias presenciales y cobros que continúan incluso después de manifestar la intención de terminar el servicio.
La iniciativa plantea una pregunta de fondo: ¿por qué las empresas pueden facilitar al máximo la contratación de un servicio, pero dificultar su cancelación mediante procedimientos más complejos?
Según explicó el diputado José Montalva, el proyecto busca evitar que las personas continúen pagando por servicios que ya decidieron abandonar. El parlamentario sostuvo que existen casos en que los clientes deben trasladarse a sucursales para entregar equipos o cumplir requisitos adicionales mientras los cobros siguen acumulándose.
Baja en un día hábil y fin inmediato de los cobros
Entre las principales medidas que contempla la moción se encuentra la obligación de que las empresas registren de forma inmediata la solicitud de término del contrato, entreguen una constancia verificable al consumidor y ejecuten la baja dentro de un plazo máximo de un día hábil.
Además, la propuesta establece el cese inmediato de los cobros futuros desde el momento en que el usuario manifieste válidamente su voluntad de poner fin al contrato.
El texto también prohíbe que las empresas exijan explicaciones, asistencia presencial, llamadas obligatorias de retención, aceptación de nuevas ofertas o reconocimiento de deudas como condición para cancelar un servicio.
Multas de hasta 150 UTM para quienes dificulten la cancelación
La iniciativa contempla sanciones de hasta 150 UTM para las empresas que retrasen, condicionen o dificulten el término de los contratos. Asimismo, establece la obligación de restituir, con reajustes e intereses, cualquier cobro efectuado después de la solicitud de cancelación.
Junto a Montalva y Cuadrado, la moción fue firmada por los diputados Pamela Jiles, Andrea Parra, Carlos Carvajal, Carlos Bianchi, Patricio Pinilla, Raúl Soto y Héctor Ulloa.
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