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Denuncia por Ley Karin contra Carlos Montes tensiona cierre de gestión y abre flanco en Contraloría

Una funcionaria del Minvu acudió directamente al organismo contralor, que ya solicitó antecedentes al exministro y fijó plazo para responder.

Una denuncia por Ley Karin fue ingresada ante la Contraloría General de la República en contra del exministro de Vivienda, Carlos Montes, instalando un nuevo foco de tensión tras el cambio de gobierno.

El requerimiento fue presentado por una funcionaria de la Subsecretaría de Vivienda, quien decidió no realizar la denuncia por canales internos del ministerio y optó por acudir directamente al ente fiscalizador. La Contraloría ya admitió la denuncia y solicitó un informe con todos los antecedentes, otorgando un plazo de 10 días hábiles para su respuesta.

¿Por qué se presenta fuera del ministerio?

El caso se enmarca en la aplicación de la Ley Karin, normativa que permite denunciar fuera de la institución cuando los hechos involucran a altas autoridades o existen condiciones que dificultan la denuncia interna.

En este escenario, la acusación apunta directamente al entonces jefe de la cartera, lo que habilita su tramitación ante un organismo externo.

¿Qué se sabe del contenido de la denuncia?

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles públicos sobre los hechos denunciados. La identidad de la funcionaria se mantiene en reserva y no existen declaraciones oficiales por parte de la denunciante.

Un nuevo flanco tras la salida del gobierno

La denuncia habría sido presentada en los últimos días de la administración anterior, lo que abre cuestionamientos sobre el manejo interno del ministerio en su fase final.

El proceso recién comienza y será la Contraloría la que deberá determinar si existen responsabilidades administrativas.

¿Caso aislado o síntoma de un problema mayor?

La activación de la Ley Karin contra una exautoridad de alto nivel vuelve a instalar el debate sobre los mecanismos de denuncia en el sector público y la capacidad real de las instituciones para canalizar conflictos internos.

Por ahora, el caso queda en manos del organismo contralor, en un escenario que podría escalar dependiendo de los antecedentes que se presenten.