La diputada y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Andrea Parra, aseguró que esto “va a permitir una verdadera competencia en el mercado y poder optar a gas a precio justo”.
Como un gran avance fue calificado por la diputada de La Araucanía, Andrea Parra, el despacho desde la Comisión de Gobierno Interior a la Sala de la Cámara, del proyecto de ley que otorgaría facultades a los municipios para distribuir y comercializar el gas licuado.
Esta discusión llega tras el informe que dio a conocer la Fiscalía Nacional Económica (FNE) donde recomendó que Gasco, Abastible y Lipigas no participen en la distribución del gas licuado. A esto se suman las distintas iniciativas de un grupo de alcaldes para poder distribuir este producto a un precio justo.
Al respecto, la diputada Parra, explicó que, “son cuatro textos refundidos que finalmente logran la aprobación, tanto en general como en particular, y lo que hace es generar una ley hablitante que permita que los municipios que hoy día están luchando por el gas a precio justo puedan comercializar, distribuir y transportar gas licuado”.
Sobre los beneficios de este proyecto, la diputada mallequina sostuvo que, “esto va a permitir una verdadera competencia en el mercado, y va a permitir la llegada del gas a precio justo a través de los municipios que van a poder intervenir en el mercado”.
Asimismo, Parra agregó que, “Contraloría exigía tener una ley habilitante para permitir la comercialización y distribución del gas licuado a los municipios, y esa es la que hoy día acabamos de aprobar”.
El proyecto
Con esta norma, según manifiesta el documento, se le permitirá a los municipios o a las asociaciones de municipalidades ofrecer el servicio de suministro de gas residencial, comercial o industrial a clientes o consumidores finales.
El texto, además define las condiciones para el transporte, comercialización y distribución del gas licuado. En el caso de las municipalidades que lo realicen de manera particular, el límite será dentro del territorio de la comuna. En tanto, para las asociaciones de municipalidades, esto podría llevarse a cabo en todo el territorio nacional.
El proyecto además determina que las municipalidades y asociaciones deberán cumplir con las leyes y normativas que regulan este mercado, como la comercialización del gas licuado de petróleo, el transporte y la seguridad, entre otros.
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