Diputada Catalina Pérez quedó con arresto domiciliario total por presunto fraude al fisco en el caso “Democracia Viva”

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional contra la diputada Catalina Pérez, en el marco de una investigación por tres delitos de fraude al fisco asociados al caso Democracia Viva. La medida fue adoptada este lunes 12 de mayo, luego de que la Corte Suprema ratificara su desafuero, permitiendo su formalización penal.

Contexto del caso

La diputada, exmilitante de Revolución Democrática, fue formalizada por su presunta participación en la facilitación de convenios entre la Fundación Democracia Viva —liderada por su expareja, Daniel Andrade— y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entonces dirigida por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la parlamentaria.

En total, los convenios involucraban más de $426 millones de pesos y fueron adjudicados de forma directa, sin licitación, a una organización que no contaba con la experiencia técnica requerida para la ejecución de los proyectos, según determinó la Contraloría General de la República.

Pruebas presentadas por la Fiscalía

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso como evidencia una serie de conversaciones de WhatsApp en las que Pérez habría dado instrucciones para encubrir la falta de operatividad real de la fundación, incluyendo la sugerencia de instalar logotipos en una dirección ficticia para aparentar una sede.

La jueza Claudia Campusano calificó las acciones como “cuestionables” y expresó preocupación por la aparente disposición de la diputada a “falsear información” para legitimar la operación de la fundación.

Medidas cautelares y plazo investigativo

Pese a que la Fiscalía solicitó prisión preventiva, el tribunal resolvió imponer arresto domiciliario total y arraigo nacional, al considerar que, aunque existen antecedentes que vinculan a Pérez con los hechos, no se justificaba aplicar la medida más gravosa en esta etapa. El plazo de investigación se fijó en 45 días.

Declaración de la defensa

La diputada ha negado haber cometido delito alguno, señalando que no intervino en la tramitación de los convenios ni obtuvo beneficios económicos personales. Su abogado defensor aseguró que Pérez ha colaborado con la investigación desde sus inicios y que “seguimos sosteniendo su inocencia”.

Impacto político

El caso ha generado repercusiones políticas significativas, incluida la expulsión de Catalina Pérez, Daniel Andrade y Carlos Contreras de Revolución Democrática, y ha encendido un debate nacional sobre la fiscalización en la asignación de recursos públicos a fundaciones privadas.