La parlamentaria del PDG sostuvo una reunión con el Seremi de Salud, José Bravo, para abordar el impacto de las restricciones presupuestarias que afectan a la red asistencial de la región.
La diputada por La Araucanía, Flor Contreras, se reunió con el Seremi de Salud, José Bravo, para analizar el impacto que podrían generar los recortes presupuestarios en el sistema de salud regional y coordinar medidas que permitan enfrentar el escenario económico sin afectar la atención de pacientes.
Durante la instancia, la autoridad sanitaria presentó una serie de propuestas técnicas destinadas a optimizar y hacer más eficiente el uso de los recursos actualmente disponibles en la red asistencial. No obstante, desde la Seremía aclararon que dichas iniciativas aún se encuentran en etapa de evaluación y no han sido implementadas.
En medio de la preocupación por la situación financiera del sector, ambas autoridades acordaron mantener un trabajo conjunto y permanente para avanzar en soluciones que permitan resguardar el funcionamiento de hospitales y consultorios en La Araucanía.
La diputada Flor Contreras cuestionó el impacto que podrían tener las decisiones presupuestarias impulsadas desde el nivel central, advirtiendo que las medidas de ajuste no pueden traducirse en un deterioro de la atención pública.
“La responsabilidad fiscal es importante, pero no puede traducirse en dejar a los pacientes de La Araucanía sin insumos, sin remedios o esperando meses por una atención. Para el Ministerio de Hacienda un punto porcentual puede ser solo una cifra, pero en la realidad puede ser una vida”, señaló la legisladora.
La parlamentaria también sostuvo que existe inquietud respecto a la forma en que históricamente se han aplicado este tipo de medidas, asegurando que en ocasiones anteriores los recortes terminan quedando solo en recomendaciones administrativas que finalmente no se concretan.
Tras la reunión, se estableció un compromiso de monitoreo permanente sobre el estado de los establecimientos de salud de la región, mientras continúan las conversaciones para intentar proteger el presupuesto sanitario regional frente a eventuales ajustes económicos definidos por Hacienda.


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