El parlamentario se reunió con la superintendenta (s) de Educación tras la multa aplicada al municipio por instalar pórticos de seguridad en recintos escolares. Schubert defendió la medida como una respuesta legítima ante hechos de violencia y criticó el criterio del organismo, que advirtió una posible vulneración al derecho a la educación.
El diputado Stephan Schubert, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, se reunió con la superintendenta (s) de Educación para abordar la reciente sanción aplicada a la Municipalidad de Temuco, en el marco de la instalación de pórticos detectores de metales en liceos de la comuna.
La medida fue implementada por el municipio como parte de una estrategia de prevención frente a hechos de violencia escolar. Sin embargo, la Superintendencia de Educación determinó que esta acción podría implicar una restricción al derecho de los estudiantes a acceder a la educación, decisión que motivó el encuentro entre el legislador y la autoridad del organismo.
Durante la reunión, el diputado Schubert señaló que, a su juicio, la interpretación de la Superintendencia no considera adecuadamente el contexto de seguridad en los establecimientos. Indicó que, si bien no existe una norma que prohíba expresamente el uso de pórticos, tampoco hay una regulación que los autorice de manera explícita. Según explicó, el organismo argumentó que impedir el ingreso de un estudiante por negarse a una revisión posterior al sonar la alarma del pórtico podría ser considerado una vulneración a su derecho a la educación.
El parlamentario planteó que, en situaciones como esta, se produce una colisión de derechos, y destacó la importancia de resguardar la integridad física y psíquica de la comunidad escolar. Asimismo, cuestionó el enfoque de la Superintendencia, señalando que, en su opinión, no se estaría considerando suficientemente la preocupación expresada por apoderados y comunidades educativas.
Desde la Superintendencia, de acuerdo con lo informado por Schubert, se reiteró que su función es garantizar que las medidas adoptadas por los establecimientos no vulneren los derechos de los estudiantes, más que proponer soluciones específicas a los problemas de seguridad.


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