Novena Digital

Medio de comunicación oficial de La Araucanía

Directora del S.N del Patrimonio Cultural enfrenta graves denuncias

Dos causas de tutela laboral y múltiples denuncias de ex funcionarias por presuntas prácticas de acoso y abuso de poder ponen bajo la lupa la gestión de la directora del Serpat. Las afectadas acusan presiones, despidos injustificados y ambientes laborales hostiles.

La directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), Nélida Pozo, enfrenta un complejo escenario tras la revelación de denuncias por presunto acoso laboral. Según información recabada, dos causas por tutela laboral han llegado a la justicia, y varias funcionarias denuncian prácticas de abuso de poder, anotaciones de demérito y despidos que consideran arbitrarios.

Una de las denunciantes, Jimena Asenjo, arquitecta y excoordinadora del Programa de Sitios de Memoria, relató que fue citada a una reunión con Pozo y su jefa de gabinete, Paz Carmona, donde le pidieron abandonar su cargo. Asegura que le ofrecieron un puesto con salario reducido en el Consejo de Monumentos Nacionales y que, tras resistirse, fue despedida en 2023. Asenjo señala que, hasta la fecha, no ha recibido respuesta de sus denuncias administrativas.

Por otro lado, Cristina Gálvez, subdirectora del Patrimonio Cultural Inmaterial, denunció haber sufrido «persecuciones administrativas», incluidas evaluaciones negativas sin justificación y anotaciones de demérito que culminaron en su separación del cargo. Ante estas situaciones, Gálvez afirma haber recurrido a licencias médicas para manejar la presión.

Desde el Serpat señalaron que será un juez laboral quien determine si las denuncias constituyen vulneración de derechos fundamentales, destacando que durante la actual administración no han sido condenados por estas causas. Asimismo, aseguraron estar trabajando en iniciativas para mejorar los climas laborales dentro de la institución.

Sin embargo, el creciente número de testimonios y la gravedad de las acusaciones plantean interrogantes sobre la gestión de Pozo, dejando a la justicia el desafío de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.