El informe “Subsidios a la Agricultura y Ganadería”, elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional a solicitud de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, confirma lo que los agricultores vienen denunciando hace años: Chile abandonó a su campo.
El reciente informe “Subsidios a la Agricultura y Ganadería”, elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional a petición de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, confirma lo que los agricultores vienen denunciando hace años: Chile abandonó a su campo. Mientras Estados Unidos, Europa o Brasil subsidian entre un 10% y un 20% de los ingresos agrícolas mediante créditos, seguros o precios mínimos, en Chile no existe apoyo real. Apenas un 2% del gasto público agrícola se orienta al sector, pero destinado a fiscalización, no a producción.
El documento cobra relevancia porque complementa otro estudio previo de la misma Biblioteca del Congreso, que analizó las políticas de apoyo en los países desde donde Chile importa alimentos. Ambos informes revelan una asimetría estructural: los productores nacionales deben competir contra bienes fuertemente subsidiados, mientras el Estado chileno se mantiene ausente.
Las consecuencias de esta desprotección han sido profundas. En diez años, la superficie nacional de trigo cayó más de un 10% anual, reflejando un proceso de abandono productivo. Miles de hectáreas se han transformado en praderas o forestales, y numerosas familias han dejado de sembrar por falta de rentabilidad.
Los agricultores afirman que durante años se les exigió mayor productividad y eficiencia, pero sostienen que aquello solo encubrió un vacío legal tras la eliminación del Sistema de Bandas de Precio en 2003, medida ordenada por la Organización Mundial de Comercio (OMC). Aunque Chile debía implementar un nuevo mecanismo de estabilización, este nunca se creó. Desde entonces, los productores quedaron totalmente expuestos a un mercado desigual.
Para Camilo Guzmán, presidente de Agricultores Unidos de Chile A.G., este informe marca un punto de inflexión. A su juicio, el documento revela décadas de abandono estatal y un mercado capturado por pocos actores. Su diagnóstico apunta a la desprotección sistemática del productor frente a países donde sí existen subsidios y seguros, generando un desequilibrio estructural en la competencia.
El informe también cuestiona el rol de la representación gremial tradicional, señalando que guardó silencio ante la concentración del poder en la agroindustria. Molinos, lecheras y procesadoras (afirman agricultores del sur) imponen precios bajos al productor y capturan la rentabilidad. “Nos compran barato y venden caro”, denuncian.
El problema, sin embargo, trasciende la industria. El mundo rural acusa negligencia política y desidia institucional: falta de técnicos en las comisiones, decisiones mal diseñadas y vacíos normativos que han permitido abusos. El informe no solo entrega cifras; expone una realidad incómoda para quienes tuvieron responsabilidad en el diseño del sistema.
El campo chileno, concluyen los agricultores, no fue derrotado por ineficiencia: fue entregado. Y quienes tuvieron responsabilidad (políticos, gremios y empresas) ya no pueden alegar desconocimiento.
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