Según los resultados obtenidos tras encuestar a 1.230 personas mayores de 18 años, un 68% de los encuestados está de acuerdo con que haya un despliegue militar para vigilar calles, poblaciones, supermercados, malls y otros espacios públicos. Además, un considerable 74% respalda la idea de que las Fuerzas Armadas deben resguardar la infraestructura crítica del país.
En cuanto a medidas más específicas, el estudio revela que un 60% de los consultados permitiría que las Fuerzas Armadas realicen allanamientos en barrios y campamentos, mientras que un 58% respalda que los militares puedan llevar a cabo controles de identidad, todo ello bajo el marco de mejorar la seguridad pública.
En relación con la legislación, un 56% considera prioritaria y urgente la implementación de una nueva Ley de Inteligencia, con la esperanza de que pueda mejorar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Sin embargo, también se observa cierta reticencia en cuanto a la privacidad de los datos personales. Solo un 17% de los encuestados estaría dispuesto a proporcionar todos los datos necesarios de su vida privada a un organismo de inteligencia, a cambio de una mejor seguridad pública. En contraste, un 44% indicó que entregaría ciertos datos, sugiriendo una postura más cautelosa en este aspecto.


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