La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un instructivo que enfatiza la obligación de los funcionarios públicos de mantener una «estricta imparcialidad» durante los procesos electorales.
Esto significa que los funcionarios, autoridades y jefaturas del Estado deben actuar sin discriminación, asegurando que todos los ciudadanos reciban las prestaciones que la ley exige de manera regular y continua.
El instructivo aborda varios puntos clave, entre los cuales destacan:
- Prescindencia política: Los funcionarios no deben realizar actividades políticas dentro de su horario laboral, aunque pueden participar en tales actividades en su tiempo libre.
- Prohibición de uso de recursos públicos: No se permite el uso de bienes, vehículos, recursos físicos, financieros o publicidad en actividades políticas.
- Aplicación de la Ley 10.336: Se mencionan posibles medidas disciplinarias y limitaciones respecto a comisiones de servicio y destinaciones durante el año electoral.
El objetivo de estas medidas es garantizar que los procesos electorales se desarrollen con total imparcialidad y transparencia, sin que los recursos públicos sean utilizados para influir en las elecciones.
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