Exdirector de la PDI recibe histórica condena: 17 años de cárcel por corrupción

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago sentenció al exdirector de la PDI Héctor Espinosa a un total de 17 años de prisión por malversación, falsificación y lavado de activos, en un caso que reveló el uso ilícito de gastos reservados y el enriquecimiento personal con fondos públicos.

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago impuso una condena que suma 17 años de cárcel al exdirector general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos, cometidos entre 2015 y 2018.

Según el fallo, por los dos primeros delitos Espinosa deberá cumplir 12 años de presidio, a los que se agregan 5 años y un día por el delito de lavado de activos. Además, mantiene la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y derechos políticos. A la condena se le descuentan 1.500 días correspondientes al tiempo que pasó en prisión preventiva y arresto domiciliario.

En el caso también fue condenada su esposa, María Magdalena Neira, exfuncionaria del Servicio de Impuestos Internos. La sentencia fijó 541 días de presidio, conmutados por el tiempo que ya cumplió privada de libertad durante el proceso judicial.

Como parte de las sanciones económicas, el tribunal ordenó el decomiso de un departamento ubicado en Las Condes, inmueble adquirido con parte del dinero defraudado y que ahora pasa a manos del Fisco. La sentencia también obliga a la restitución de 146 millones de pesos, pagaderos en cuotas.

La jueza Carolina Escandón detalló la condena en audiencia pública, subrayando la gravedad de los delitos cometidos desde la posición de autoridad que ocupaba Espinosa. Por su parte, el fiscal Felipe Sepúlveda calificó las penas como “ejemplarizadoras”, destacando que quedó acreditado que los fondos desviados correspondían a gastos reservados de la PDI.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sostuvo que el fallo es proporcional a los hechos, resaltando que el caso demuestra que los actos de corrupción dentro de instituciones policiales pueden ser sancionados con severidad.