El diputado Mauricio Ojeda, independiente y ex miembro del Partido Republicano, ha sido notificado por la Corte de Apelaciones de Temuco sobre una solicitud de desafuero en su contra. Esta acción legal se enmarca en la arista Manicure del caso Convenios, en la cual se investiga un presunto fraude al fisco por más de 730 millones de pesos.
La investigación se centra en las transferencias de fondos realizadas a las fundaciones Folab y Educc, que han puesto al parlamentario bajo escrutinio legal. Según el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, «en algunas de las investigaciones que estamos realizando existen antecedentes que determinan la comisión de delito y participación de un parlamentario que goza de esta protección especial y es necesario a efectos de poder formalizar la investigación y hacer solicitud de medidas cautelares plantear esta solicitud».
Garrido también explicó que «el objetivo de la solicitud de desafuero es poder no solo formalizar la investigación, sino que formular una petición de medidas cautelares acorde a los antecedentes que hemos logrado reunir, el delito atribuido y las penas que están asociadas al mismo».
El abogado del diputado Ojeda, Carlos Tenorio, desmintió rumores que circulaban en redes sociales sobre la supuesta desaparición del parlamentario. «Me enteré a través de las redes sociales de una serie de reacciones bastante destempladas y erróneas, como suele ocurrir en esas plataformas, en el sentido de que el mismo diputado no habría sido habido en determinados domicilios. Esa información es completamente falsa, el diputado está ejerciendo su labor parlamentaria en Valparaíso y también fue ubicado su grupo familiar en su casa habitación en Villarrica», aclaró Tenorio.
Cabe destacar que por este mismo caso ya han sido imputados los hermanos Rinnet y Juvenal Ortiz, quienes son representantes de las fundaciones Folab y Educc, respectivamente.
La resolución de la solicitud de desafuero marcará un punto crucial en el proceso judicial, determinando si el diputado Ojeda deberá enfrentar la justicia sin su inmunidad parlamentaria.


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