Fondos de reactivación bajo la lupa: Ñanco exige informes al Gore y Contraloría

La diputada solicitó antecedentes detallados sobre beneficiarios, montos y estado de ejecución del programa 2022-2023, en medio de cuestionamientos por el uso de recursos públicos.

La diputada Coca Ñanco ofició al Gobierno Regional de La Araucanía y a la Contraloría General de la República para requerir información detallada sobre la ejecución del Programa de Reactivación Económica 2022-2023, administrado por la Agencia de Desarrollo de La Araucanía.

En el primer foco de la solicitud, la parlamentaria exige conocer el destino de los recursos públicos, incluyendo la nómina completa de beneficiarios, los montos asignados y el estado de avance de cada iniciativa financiada. La petición apunta a esclarecer cómo se distribuyeron los fondos en la región.

El requerimiento se produce en un contexto marcado por investigaciones en curso por eventuales delitos como fraude al fisco, lavado de activos y negociación incompatible, antecedentes que, según el oficio, ya forman parte de indagatorias vigentes.

¿Qué pasó con los fondos de reactivación? La interrogante instala presión sobre el Gobierno Regional, que deberá detallar cuántos beneficiarios accedieron al programa y en qué condición se encuentran los proyectos, ya sea aprobados, en ejecución, observados o sujetos a reintegro.

En paralelo, la diputada solicitó a la Contraloría informar si existen auditorías, sumarios administrativos o investigaciones abiertas sobre estos recursos. En caso de no existir, pidió que se instruyan procesos de fiscalización.

Desde el plano institucional, la acción se enmarca en las facultades fiscalizadoras del Congreso, pero reabre el debate sobre los mecanismos de control en el uso de recursos públicos en La Araucanía.

El caso vuelve a tensionar la confianza en la gestión regional y deja instalada una pregunta de fondo: ¿existen controles eficaces para resguardar el uso de fondos públicos o las irregularidades se detectan cuando ya es tarde?