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Formalizan a cuatro por ataque a inspectores: uno quedó con arresto domiciliario total

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó distintas medidas cautelares contra cuatro personas formalizadas por las agresiones sufridas por inspectores municipales durante un operativo contra el comercio ambulante no autorizado.

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó distintas medidas cautelares contra cuatro personas formalizadas por las agresiones sufridas por inspectores municipales durante un operativo contra el comercio ambulante no autorizado.

Los hechos ocurrieron el martes 1 de septiembre, en la intersección de Diego Portales con General Aldunate, donde funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco realizaban un procedimiento destinado a impedir la instalación irregular de vendedores.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el municipio, los comerciantes reaccionaron violentamente a la fiscalización y atacaron a los inspectores con golpes de pies y puños, además del lanzamiento de cajas y otros objetos contundentes.

El incidente dejó ocho funcionarios municipales lesionados. Los afectados fueron trasladados hasta el Consultorio Miraflores para constatar sus lesiones. Uno de ellos habría recibido un golpe en el rostro y sufrido un corte profundo en una de sus cejas.

Arresto domiciliario total para uno de los imputados

La medida cautelar más intensa fue decretada contra Aaron Alejandro Chacano Ruz, a quien el Ministerio Público imputó los delitos consumados de desórdenes públicos, amenazas y dos delitos de lesiones menos graves.

Chacano deberá permanecer bajo arresto domiciliario total y, adicionalmente, quedó con arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas.

En tanto, Brayan Alonso Figueroa Pereira fue formalizado por un delito de amenazas.

Scarleth Estefanía Beroiza Castro fue imputada por un delito de amenazas y dos delitos de lesiones menos graves, mientras que María Fernanda Beroiza Castro fue formalizada por un delito de lesiones menos graves y otro de amenazas.

Los tres quedaron sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a los funcionarios afectados.

El tribunal consideró a los cuatro imputados como presuntos autores de delitos consumados y estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación. Las medidas cautelares no constituyen una condena y las responsabilidades deberán determinarse judicialmente.

Amzoma presentó una querella

La Asociación de Municipalidades de la Zona Metropolitana de La Araucanía (Amzoma), integrada por Temuco y Padre Las Casas, presentó una querella por las agresiones, con el propósito de representar y brindar protección jurídica a los trabajadores municipales afectados.

La Municipalidad de Temuco atribuyó inicialmente los incidentes a integrantes del denominado clan “Los Pacheco”, nombre utilizado por las autoridades para identificar a un grupo familiar relacionado con la venta ambulante de frutas y verduras en diferentes sectores céntricos.

Sin embargo, esta denominación no fue empleada por el tribunal al informar la formalización y tampoco constituye, hasta ahora, una calificación judicial respecto de los cuatro imputados.

Representantes del Sindicato de Trabajadores Independientes, al cual pertenecerían los comerciantes formalizados, cuestionaron el procedimiento y acusaron una persecución contra quienes ejercen el comercio informal, además de una supuesta falta de diálogo por parte de la administración municipal.

Diferencia en el número de detenidos

Los primeros balances difundidos después del procedimiento informaron que cinco personas habían sido detenidas. No obstante, la audiencia judicial y la información conocida posteriormente solo identifican a cuatro personas formalizadas.

Hasta ahora no se ha informado públicamente qué ocurrió procesalmente con la quinta persona detenida ni si fue liberada sin pasar a formalización.

La causa continuará siendo investigada durante los próximos tres meses, periodo en el cual el Ministerio Público deberá reunir los antecedentes destinados a determinar la participación individual de cada imputado en las amenazas, lesiones y desórdenes registrados durante el operativo.