El Ministerio Público ha solicitado una audiencia para formalizar investigación contra Lucila Loaiza Sanhueza, funcionaria de la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplader) del Gobierno Regional de La Araucanía, en el marco de la arista Manicure del Caso Convenios. Esta es la tercera funcionaria del GORE investigada en esta línea del caso, vinculada a un presunto delito de cohecho. La investigación se centra en la “interrelación” que Loaiza Sanhueza habría tenido con la coimputada Rinett Ortiz Rivera, facilitando la tramitación de una postulación para la transferencia de recursos públicos.
Además de la investigación de la Fiscalía, Loaiza Sanhueza enfrenta una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En paralelo, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó la prisión preventiva de Susan Alarcón Rubilar, exfuncionaria del GORE, quien había sido formalizada anteriormente por cohecho y fraude al Fisco en el contexto de la misma causa. La medida fue revocada en fallo dividido por la Tercera Sala del tribunal, obligando a Alarcón a regresar al Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Temuco.
La arista Manicure investiga la transferencia de 730 millones de pesos desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc, destinados a cursos de capacitación para 200 mujeres de Temuco y Padre Las Casas, que no llegaron a realizarse. Actualmente, cinco personas están formalizadas en esta causa, cuatro de ellas bajo prisión preventiva.
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