En respuesta a la creciente controversia en torno a la entrega de pensiones de gracia a víctimas del estallido social, el Gobierno anunció hoy su intención de introducir medidas más estrictas para garantizar la transparencia y la legalidad en este proceso.
La polémica se avivó después de conocerse que Andrés Fuica Fuica, condenado por saquear un supermercado en octubre de 2019, es uno de los beneficiarios de las compensaciones otorgadas a 418 personas por hechos de violencia perpetrados por agentes del Estado.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que cerca de 40 de los beneficiarios desde el año 2022 han sido condenados por diversos delitos, algunos de los cuales ocurrieron durante el estallido social. Aunque tanto la administración anterior como la actual respetaron las disposiciones presupuestarias existentes, que no exigían la revisión de antecedentes penales para otorgar pensiones de gracia, se reconoció la necesidad de mejorar el procedimiento.
En respuesta a las críticas, el Gobierno planea presentar indicaciones para modificar la ley, haciendo obligatoria la revisión de antecedentes penales de los solicitantes. Además, se establecerá un mecanismo para revocar la pensión en caso de condena por delito, una medida que no está actualmente contemplada en la legislación vigente.
La comisión investigadora encargada de examinar la entrega de este beneficio ya ha presentado tres proyectos de ley destinados a limitar la concesión de pensiones a personas con antecedentes penales, con el objetivo de promover una mayor transparencia en el proceso.
El Ejecutivo tiene previsto introducir indicaciones adicionales que faculten a la autoridad política para revocar el beneficio en casos justificados, marcando un cambio significativo en la normativa actual. Estas medidas buscan abordar las críticas surgidas en septiembre, cuando se revelaron cifras de beneficiarios con antecedentes penales y reforzar la confianza pública en el sistema de pensiones de gracia.


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