La Delegación Presidencial de La Araucanía informó la suspensión temporal de la Consulta Indígena para abrir espacios de diálogo territorial, mientras el diputado Andrés Jouannet cuestionó la política indígena del Presidente Boric.
La Delegación Presidencial de La Araucanía informó este 29 de septiembre de 2025 que se suspende temporalmente el proceso de Consulta Indígena sobre un nuevo sistema de tierras mapuche, que se desarrollaba en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La medida se tomó tras finalizar los primeros encuentros de planificación en las 71 localidades contempladas en el proceso.
Según el comunicado oficial, la suspensión es un mecanismo previsto en el reglamento de Consulta Indígena, que puede ser solicitado por los pueblos involucrados. En este caso, su aplicación busca abrir diálogos territoriales con distintos actores para profundizar en propuestas que permitan un acceso más ágil y eficiente a tierras y avanzar en la reparación de la deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche.
El Gobierno reafirmó su disposición a mantener un diálogo intercultural basado en el respeto, la justicia y el reconocimiento, mediante la creación de un espacio de trabajo conjunto que considere la voz de las comunidades para avanzar en medidas administrativas y legislativas.
Por su parte, el diputado Andrés Jouannet criticó la suspensión, señalando que refleja el “fracaso total del presidente Gabriel Boric respecto de la política indígena”. Jouannet agregó que la salida de Víctor Ramos de la conducción del proceso ha provocado que este “comience lentamente a desmoronarse” y aseguró que ni el Plan Buen Vivir ni los avances prometidos por el Gobierno se han concretado.
Qué es la Consulta Indígena
La Consulta Indígena es un procedimiento legal que permite a los pueblos originarios expresar su opinión sobre decisiones o políticas públicas que puedan afectarles, especialmente en materias de territorio, cultura y derechos colectivos. Está regulada por la legislación chilena y busca garantizar que las decisiones del Estado sean tomadas considerando la voz de las comunidades involucradas.


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