Más de $32 mil millones son los que mantienen a la PDI alerta en 13 regiones

En junio pasado, la publicación de un reportaje que señalaba posibles irregularidades en la ejecución de convenios entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva desató no solo un vendaval político, sino también una respuesta policial significativa.

Cuatro días después de la publicación, la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzó a investigar el caso, abordando la tarea de examinar a 68 fundaciones, ONG o corporaciones privadas que recibieron fondos de organismos gubernamentales en 13 regiones del país, según informa La Tercera. La investigación abarca transferencias de recursos que superan los $32 mil millones, según el balance de gestión operativa 2023 de la PDI.

Erick Menay, jefe nacional de Gestión Estratégica de la PDI, destaca la gravedad del caso: «Aquí lo que tenemos es desvío de bienes fiscales, mal uso de estos y, por lo tanto, hay un enriquecimiento ilícito que ha ido deteriorando el patrimonio fiscal». Menay subraya la complejidad de la investigación, que involucra el análisis de contratos, gastos, egresos e ingresos para descubrir posibles maquinaciones.

El balance de la PDI para 2023 también revela que la erradicación de estructuras criminales fue otra prioridad, con 691 intervenciones, un aumento del 9,51% respecto a 2022. Aunque los homicidios disminuyeron de 991 a 889, la violencia y la percepción de inseguridad aumentaron. El secuestro fue el delito que experimentó un aumento preocupante, con 57 casos en 2023 en comparación con 46 en 2022 y 26 en 2021.

En resumen, la PDI destaca su enfoque multifacético para abordar diversos desafíos, desde presuntas irregularidades en fondos gubernamentales hasta la erradicación de estructuras criminales y la respuesta a delitos específicos como el secuestro.