La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha establecido un criterio claro respecto a la situación de los funcionarios del Gobierno que sean formalizados por algún delito. En una entrevista con La Tercera, Tohá señaló que «nuestra filosofía con los funcionarios que son de nuestra dependencia es que en los momentos en que hay una formalización, aunque se trata solamente de una garantía del imputado y no presume de antemano culpabilidad, es importante tomar algunas decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones».
Esta postura surge en un contexto donde se cuestiona el futuro de figuras como Miguel Crispi, jefe de asesores de la Presidencia, quien es investigado en el marco del Caso Convenios, y Ricardo Yáñez, director de Carabineros, que enfrenta una investigación por omisión en delitos cometidos durante el estallido social de 2019.
La propuesta de la ministra Tohá ha generado diversas reacciones en el oficialismo. Algunos señalan la necesidad de discutir ampliamente este criterio, mientras que otros consideran que es razonable que los funcionarios formalizados renuncien a sus cargos mientras dure el proceso judicial.
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