Un oficio interno del Ministerio de Vivienda instruyó suspender el despacho de documentos y la tramitación de contratos “hasta nuevo aviso”. La medida generó críticas del diputado José Montalva, quien anunció que oficiará a Contraloría para revisar la legalidad de la instrucción.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) instruyó la suspensión del despacho de documentos y de la tramitación de actos administrativos vinculados a adquisiciones, contrataciones y compras públicas en toda su estructura a nivel nacional. La medida quedó establecida en el Oficio Ord. N°193, fechado el 13 de marzo de 2026, el cual fue enviado a divisiones ministeriales, Seremi y Serviu de todo el país.
El documento señala que la instrucción busca ordenar y revisar el flujo de documentación institucional en el contexto del cambio de administración, estableciendo que la suspensión se mantendrá “hasta nuevo aviso” mientras se revisan los actos administrativos en trámite y los procesos internos del ministerio.
La decisión provocó cuestionamientos desde el Congreso. El diputado José Montalva criticó la medida y afirmó que la instrucción podría afectar el funcionamiento de los servicios relacionados con la política habitacional.
Según señaló, el instructivo implica paralizar procesos como pagos a proveedores, asignaciones directas y trámites vinculados a subsidios, lo que a su juicio podría retrasar respuestas a familias que esperan soluciones habitacionales.
“El instructivo que se le está dando a todos los servicios, o todos los Serviu del país, es que paralicen sus funciones. No se puede, bajo pretexto de revisar las cuentas, paralizar los servicios”, sostuvo el parlamentario.
Oficio a Contraloría
Ante esta situación, Montalva anunció que oficiará a la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento respecto de la legalidad de la medida y determinar si la instrucción podría vulnerar el principio de continuidad del servicio público durante los cambios de administración.
El parlamentario también informó que solicitará explicaciones formales al ministerio para conocer cuál es el plazo de la suspensión y qué procesos específicos quedan afectados por la instrucción.
Excepciones contempladas
El oficio establece que la suspensión no es absoluta, ya que se podrán tramitar documentos en casos específicos, como:
- situaciones con plazos legales establecidos,
- requerimientos judiciales o de organismos de control,
- o casos urgentes para garantizar la continuidad del servicio público.
En estos escenarios, las unidades deberán informar previamente al gabinete de la Subsecretaría de Vivienda para gestionar la excepción correspondiente.
Debate en medio de anuncios de reconstrucción
La controversia se produce en paralelo a anuncios del gobierno del presidente José Antonio Kast, quien durante una visita a la región del Biobío anunció medidas para acelerar procesos vinculados a reconstrucción y gestión habitacional.
Para el diputado Montalva, el instructivo administrativo genera una contradicción entre el discurso público de agilización y una medida interna que postergaría la operatividad administrativa del ministerio.
El pronunciamiento de Contraloría podría determinar si la instrucción se ajusta a las normas que regulan el funcionamiento continuo de los servicios del Estado.
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