El caso que se destapó hace dos semanas es grave, así lo han calificado distintos personeros del Gobierno, situación que con el paso de los días se transformó en un hecho transversal, por lo menos así lo hizo sentir la diputada Ericka Ñanco, quien informó que había solicitado al Gobierno Regional (liderado por Luciano Rivas) información sobre los criterios de asignación de sus recursos concursables, además de datos sobre los traspasos de recursos que ha realizado la Gobernación.
Todo un escándalo ha resultado la situación dada a conocer en las últimas semanas y que tiene por protagonista a Democracia Viva, una entidad “sin fines de lucro que tiene como misión institucional conectar a personas, organizaciones e instituciones con espacios de participación política, logrando tener incidencia en el debate público a través de la co-creación política, cultural y académica”. Esta fue fundada el 25 de febrero de 2022 en Ñuñoa.
La situación comenzó a salirse de control cuando el pasado 7 de junio, la diputada Yovana Ahumada (independiente ex PDG), ofició al entonces seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, respecto a tres transferencias de dinero por trato directo que había realizado la Seremi a la fundación Democracia Viva por un total de $426 millones de pesos. Situación que luego generó la renuncia del seremi y una investigación en Fiscalía.
Cerca de diez días después, la polémica estalló al conocerse que el representante legal de la fundación, era Daniel Andrade (RD), la actual pareja de la diputada Catalina Pérez. Además se supo que el seremi Contreras había sido jefe de gabinete de Pérez. Ante ello, se acusa a la parlamentaria de tráfico de influencias, algo que descartó de plano.
Según indica la institución, es una de las 9 fundaciones que actualmente desarrollan más de 70 convenios con Minvu. Además, desde el último trimestre de 2022 Democracia Viva trabaja en 10 campamentos de la región de Antofagasta desarrollando un trabajo social y en terreno.
El objetivo de estos planes es dar “herramientas y enfoques democráticos para empoderar a las personas y permitirles contribuir activamente a la transformación de sus comunidades. Este trabajo impacta a más de 400 familias de la región”, señala la ONG. En total son 8 comunidades beneficiadas.
Respuesta del Gobierno
Ante esta situación, el Gobierno de Gabriel Boric salió al paso este lunes indicando que se instalaría una comisión de probidad con expertos y expertas, y que del trabajo de esta agrupación se debía entregar un informe que date con antecedentes desde hace cinco años hacia atrás.
Nivel Regional
En tanto, a nivel regional, la diputada Ericka Ñanco informó que solicitó al Gobierno Regional (liderado por Luciano Rivas) información sobre los criterios de asignación de sus recursos concursables, además de datos sobre los traspasos de recursos que ha realizado la Gobernación hasta la fecha, todo esto con el fin de demostrar la probidad de la entidad.
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