Un megaoperativo liderado por la Fiscalía Metropolitana Occidente y la PDI permitió desarticular una estructura criminal que operaba al interior de cárceles del país, con 66 detenidos, decenas de funcionarios de Gendarmería involucrados, incautación de cuentas bancarias y ramificaciones detectadas en la Región de La Araucanía.
La madrugada del martes 16 de diciembre, la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), ejecutó un amplio operativo simultáneo en siete regiones del país para desarticular una red de corrupción penitenciaria que operaba principalmente en el penal Santiago 1, pero que mantenía ramificaciones en otros recintos carcelarios, incluida la Región de La Araucanía.
El procedimiento movilizó a más de 500 efectivos policiales, con apoyo de un equipo investigativo de Gendarmería de Chile, y contempló la ejecución de 78 órdenes de detención. De ellas, 42 correspondieron a funcionarios de Gendarmería, mayoritariamente destinados a Santiago 1 y al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. El resto de los imputados son particulares, varios de ellos extranjeros, quienes coordinaban el ingreso y comercialización de elementos prohibidos al interior de los recintos penitenciarios.
Si bien la mayor cantidad de detenciones se concretó en la Región Metropolitana, el despliegue también se extendió a O’Higgins, Maule, Biobío, Ñuble, Los Ríos y La Araucanía, donde se detectaron vínculos operativos de estas organizaciones criminales.
La investigación, iniciada en mayo de 2025 bajo el denominado Foco Penitenciario, permitió acreditar la existencia de estructuras dedicadas al soborno y cohecho de funcionarios públicos, facilitando el ingreso irregular de especies ilícitas. En ese contexto, se identificó la operación de al menos siete bandas conocidas como “Manillas”, integradas en parte por ciudadanos extranjeros, que mediante pagos que fluctuaban entre $10.000 y $400.000 lograban introducir objetos prohibidos a las cárceles.
El balance final del operativo arrojó 66 personas detenidas, de las cuales 44 son funcionarios de Gendarmería, además de la incautación de 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas, elementos que quedaron a disposición del Ministerio Público.
En el caso de La Araucanía, el Seremi de Seguridad, Israel Campusano, confirmó que el procedimiento incluyó una orden de entrada y registro al domicilio de un funcionario de Gendarmería en la región, donde se incautaron bienes e información relevante para la investigación. La autoridad destacó la relevancia del operativo para enfrentar la corrupción y el control del delito desde las cárceles, precisando que el funcionario involucrado quedó bajo custodia de la PDI.
Los detenidos serán presentados ante el 12º Juzgado de Garantía de Santiago el viernes 19 de diciembre. Los delitos investigados incluyen agrupación criminal, infracciones patrimoniales, cohecho (simple y agravado) y soborno.
Tras el operativo, el Presidente Gabriel Boric, acompañado por los ministros de Justicia y Seguridad Pública, anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional para separar las funciones de seguridad y reinserción de Gendarmería, estableciendo que la institución pase a depender del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las tareas de reinserción social quedarán radicadas en una nueva entidad bajo el Ministerio de Justicia.


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