Pensiones de gracia: Contraloría reveló que hay condenados por pornografía infantil con el beneficio post 18-O

Según el documento, 58 de las 419 personas beneficiadas con estas pensiones tienen antecedentes penales por condenas, incluyendo delitos graves como producción de material pornográfico infantil.

La Contraloría General de la República ha dado a conocer un informe alarmante sobre las pensiones de gracia otorgadas por el Estado a personas afectadas en las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019.

El informe, titulado «Auditoría al proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas en las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019», revela que estas personas con antecedentes penales fueron incluidas en el beneficio post 18-O. Algunos de los delitos por los que han sido condenados incluyen estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, abuso sexual, robo con violencia, homicidio y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.

La revisión de estas pensiones se inició después de que el medio Ex-Ante informara sobre la presencia de personas con causas penales entre los beneficiarios. A pesar de este hallazgo, el gobierno admitió en septiembre del año pasado que nunca se solicitó el análisis de antecedentes penales para este tipo de otorgamientos.

Además de estas revelaciones preocupantes, el informe de la Contraloría también encontró que 19 expedientes remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no presentaban antecedentes médicos para respaldar el beneficio. Algunos de estos documentos carecían de diagnóstico, tenían antecedentes contradictorios respecto al daño sufrido o estaban fechados antes de octubre de 2019.

Ante estas irregularidades, el Ejecutivo confirmó en enero de este año que existe la facultad para revocar la medida en ciertos casos, aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre cómo se abordará esta situación. La revelación de estas fallas en el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia plantea serias dudas sobre la transparencia y la eficacia del sistema, así como sobre la necesidad de revisar y mejorar los mecanismos de selección y evaluación de los beneficiarios.