En medio de la discusión de la Nueva Constitución en Chile, una propuesta ha suscitado intensos debates y cuestionamientos. La polémica radica en la inclusión de una norma que contempla la exención del impuesto territorial, más conocido como contribuciones, exclusivamente para la primera vivienda de los propietarios. Para arrojar luz sobre esta propuesta, Cristóbal Pérez, profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Los Andes, explicó que «la norma aplicaría de pleno derecho, es decir, no deberá solicitarse y aplicará en forma progresiva, reduciéndose el monto de las contribuciones en un 20% por año a partir del 2026», esto es que, de ser aprobada, la exención se aplicaría automáticamente a la vivienda principal, reduciendo gradualmente las contribuciones en un 20% anual a partir del año 2026, hasta alcanzar la exención total en el año 2030.
Pérez detalló que la propuesta también establece la posibilidad de excepciones legales basadas en dos requisitos específicos: el alto avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y su familia. Estos criterios, según la propuesta, serán definidos por ley, mediante un proyecto que el Presidente de la República deberá enviar dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la Constitución.
Sergio Alburquenque, director del Departamento de Derecho de los Negocios de la Universidad Diego Portales, expresó sus dudas sobre la redacción de la norma y su aplicabilidad: «La propuesta, la verdad es que genera varias incertidumbres porque hay varios flancos que quedan abiertos», señaló el profesional, destacando la falta de criterios claros para determinar qué constituye un alto avalúo fiscal y altos ingresos familiares deja estas definiciones en manos del legislador, generando incertidumbre sobre su implementación.
Una crítica importante se dirige al posible impacto en los ingresos municipales, ya que el impuesto territorial contribuye significativamente a las arcas municipales. Aunque se propone un proyecto de ley para compensar la disminución de ingresos, existe preocupación sobre la efectividad de dicho mecanismo y la falta de claridad en la redacción.


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