El senador UDI Javier Macaya vinculó el financiamiento de la gratuidad y la educación superior con las dificultades laborales que enfrentan los jóvenes al egresar. La declaración ocurre en plena discusión del Presupuesto 2027 y contrasta con la posición del propio Gobierno, que aseguró que la gratuidad, becas, alimentación y TNE continuarán financiándose. Datos de la OCDE muestran, además, que las personas con estudios superiores mantienen menores tasas de desempleo y mayores ingresos promedio que quienes solo completaron enseñanza media.
El senador UDI Javier Macaya abrió una nueva controversia en medio de la discusión del Presupuesto 2027 al cuestionar el sentido de destinar recursos públicos a la gratuidad y a la educación superior cuando una parte de los jóvenes enfrenta dificultades para incorporarse al mercado laboral.
Durante una entrevista en el programa Desde La Redacción, de La Tercera, el parlamentario planteó:
“¿Qué sentido tiene ponerle plata a la gratuidad o financiar la educación superior si los chicos que están saliendo no están encontrando trabajo?”.
La declaración adquiere especial relevancia por el rol que actualmente desempeña Macaya. El senador preside la Comisión de Hacienda del Senado y también encabeza por primera vez la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, instancia encargada de una parte central de la discusión del erario nacional.
Debate en medio del Presupuesto 2027
Las palabras del senador ocurren mientras Educación se ha convertido en uno de los principales focos de controversia del proyecto presupuestario presentado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Durante los últimos días han surgido cuestionamientos por programas como “Yo Elijo mi PC”, Liceos Bicentenario y distintas asignaciones de educación superior.
El propio Macaya había señalado el 4 de octubre que estaba dispuesto a revisar “línea por línea” el proyecto e incluso abrió la posibilidad de reponer recursos para “Yo Elijo mi PC”. En aquella oportunidad sostuvo que el presupuesto debía analizarse antes de dar por definitivos los recortes conocidos públicamente.
Ahora, el senador instaló una discusión diferente: si el financiamiento de la educación superior debe analizarse también en función de las posibilidades reales de inserción laboral de quienes egresan.
Gobierno asegura que gratuidad continuará
Pese a las declaraciones de Macaya, el Gobierno no ha anunciado la eliminación de la gratuidad.
Este jueves, la ministra de Educación, María Paz Arzola, aseguró que los principales beneficios destinados a estudiantes de educación superior están contemplados en el Presupuesto 2027.
“Todos los beneficios que se financian con recursos públicos que se entregan a los estudiantes de Educación Superior se están manteniendo”, señaló la secretaria de Estado.
Arzola mencionó expresamente la gratuidad, el Crédito con Aval del Estado, las becas de mantención, las becas de alimentación y la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).
Además, el Ministerio de Educación mantiene abierto desde el 1 de octubre el proceso FUAS 2027, mediante el cual los estudiantes pueden postular a gratuidad, becas y créditos para el próximo año académico.
El Gobierno sí ha planteado cambios de prioridades. Arzola ha señalado que el Ejecutivo pretende reforzar educación parvularia y aprendizajes escolares, mientras busca contener la expansión del gasto en educación superior. En marzo, la ministra ya había adelantado que el Ejecutivo no pretende extender la gratuidad hacia los deciles 7 al 10 mientras no se alcance determinada cobertura en primera infancia.
¿Los titulados realmente tienen menos posibilidades laborales?
La afirmación de Macaya toca un problema existente: la relación entre formación, carreras disponibles y demanda del mercado laboral.
Durante 2025, Chile alcanzó 329.011 titulaciones de educación superior, la cifra más alta desde que existen registros del Servicio de Información de Educación Superior (SIES). El número aumentó 8% respecto del año anterior.
Para 2026, en tanto, el sistema alcanzó casi 1,5 millones de estudiantes matriculados en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
El Ministerio de Educación reconoce que uno de los desafíos actuales es mejorar la relación entre formación y mercado laboral. En agosto constituyó, junto al Ministerio del Trabajo y otros organismos, una instancia destinada precisamente a fortalecer la empleabilidad y pertinencia formativa, incorporando las necesidades de sectores productivos emergentes.
Sin embargo, los antecedentes internacionales disponibles muestran que contar con educación superior continúa ofreciendo una ventaja laboral promedio.
OCDE: menor desempleo y mayores ingresos
Según la última ficha disponible de la OCDE para Chile, la tasa de desempleo entre adultos con estudios superiores alcanza 5,5%, mientras entre quienes completaron enseñanza media llega a 8,1%.
Entre los jóvenes de 25 a 34 años, la diferencia también se mantiene: el desempleo llega a 6,4% entre quienes cuentan con educación superior y a 10,5% entre quienes poseen enseñanza media o formación postsecundaria no terciaria.
La OCDE también calcula que los trabajadores chilenos con educación superior ganan, en promedio, 112% más que quienes tienen enseñanza media como máximo nivel educacional. Estas cifras corresponden a los últimos años disponibles para cada indicador y no constituyen una medición específica del mercado laboral de 2026.
Los datos, por tanto, no niegan que existan carreras con baja empleabilidad o jóvenes titulados que enfrentan dificultades para encontrar trabajo, pero sí muestran que, en términos agregados, la educación superior continúa asociándose con mejores resultados laborales.
La discusión sobre qué carreras financiar
El cuestionamiento planteado por Macaya abre, entonces, una discusión más amplia que la continuidad o no de la gratuidad.
El propio Ministerio de Educación recomienda actualmente a los postulantes revisar la empleabilidad e ingresos de cada carrera e institución antes de matricularse, información que se encuentra disponible mediante el portal Mi Futuro.
La discusión puede trasladarse así desde la pregunta de si corresponde financiar educación superior hacia otra: qué carreras, instituciones y trayectorias formativas están respondiendo efectivamente a las necesidades laborales del país.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también ha introducido una distinción relevante durante este debate. Al abordar cuestionamientos sobre educación y empleo, sostuvo que el derecho financiado por el Estado es el acceso a educarse y no una garantía estatal de contratación posterior.
La diferencia muestra que incluso dentro del sector oficialista existen distintos énfasis respecto del vínculo entre gasto educativo y empleo.
Una discusión que recién comienza
La frase de Macaya aparece cuando la partida de Educación enfrenta una compleja tramitación parlamentaria y el Ejecutivo ha manifestado disposición a negociar modificaciones.
La ministra Arzola aseguró este jueves que el Gobierno está disponible para conversar durante los próximos dos meses, siempre que los cambios no alteren los objetivos centrales de su política educativa.
Por ahora, la gratuidad permanece contemplada en el Presupuesto 2027.
Pero las palabras del presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos vuelven a colocar sobre la mesa una discusión que va más allá del próximo año fiscal: cuánto debe invertir Chile en educación superior y cómo debe relacionarse ese financiamiento con las oportunidades laborales que encontrarán los estudiantes después de titularse.
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