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“Queremos que esto pueda llegar hasta las últimas consecuencias”: Gobierno por formalización de exdirector de PDI

La ministra destacó la importancia de que no haya discriminación en la aplicación de la ley y que se investiguen con seriedad los casos de posible corrupción, incluso cuando involucran a altos mandos de instituciones como la PDI.

En una declaración emitida este lunes desde La Moneda, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, expresó su respaldo a la acción de la Fiscalía en el caso del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien enfrenta una formalización por presuntos delitos de revelación de información reservada.

Vallejo subrayó la gravedad del caso y la preocupación tanto del gobierno como de la ciudadanía por hechos que podrían constituir corrupción. Enfatizó que la ley debe aplicarse de manera igualitaria, sin importar el estatus de la persona involucrada, ya sea un ciudadano común o una autoridad de alto nivel como en este caso.

La ministra valoró la acción de la Fiscalía como una señal positiva de que las instituciones están funcionando y que se están tomando medidas concretas ante posibles actos de corrupción. Sin embargo, enfatizó que el gobierno no se conformará con eso y espera que la investigación se lleve hasta sus últimas consecuencias.

«Esperamos que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias», afirmó Vallejo. «No puede quedar la sensación en nuestro país de que las instituciones que son tan importantes en la persecución de los delitos están corrompidas por aquellos que están siendo investigados por distintos tipos de crímenes».

La formalización de Sergio Muñoz fue destacada por la ministra como un paso importante en el proceso, pero insistió en la necesidad de que la investigación se desarrolle de manera completa e imparcial. Concluyó expresando el deseo de que las consecuencias del caso sean llevadas hasta sus últimas instancias, sin importar cuán altas sean las personas implicadas.

El caso del exdirector de la PDI ha generado gran atención pública y es visto como una prueba crucial para demostrar la efectividad de las instituciones en la lucha contra la corrupción en el país.