La colectividad advirtió sobre los efectos que podría generar en La Araucanía la exención de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años incluida en la denominada “megarreforma” del Gobierno. Además, cuestionaron a la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía por, según sostienen, no impulsar una postura común frente a la iniciativa.
Dirigentes del Partido Regionalista Verde de La Araucanía manifestaron su preocupación por el impacto que podría tener en las finanzas municipales la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años, medida incorporada en la denominada “megarreforma” impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
De acuerdo con un análisis elaborado por la plataforma de inteligencia inmobiliaria Inciti, difundido originalmente por Diario Financiero, en La Araucanía alrededor de 8 mil viviendas podrían quedar alcanzadas por la exención, involucrando una recaudación superior a los $6 mil millones anuales.
Desde la colectividad apuntaron directamente a la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía (AMRA), cuestionando que, a su juicio, no exista una propuesta regional conjunta para resguardar los recursos de las 32 comunas.
“Es incomprensible que AMRA no tenga una propuesta para defender los recursos de los 32 municipios. En una región con altos niveles de rezago, el Fondo Común Municipal es fundamental para la redistribución y para sostener los servicios que reciben las comunas más vulnerables”, señalaron los dirigentes.
Congreso aprobó mecanismo de compensación
La discusión ocurre luego de que el Senado aprobara el mecanismo destinado a compensar a los municipios por los ingresos que dejarían de percibir debido a la exención. La fórmula fue respaldada el 4 de agosto por 27 votos a favor y 22 en contra, completando la tramitación regular de la denominada megarreforma en el Congreso.
El mecanismo aprobado contempla aportes fiscales destinados a mantener los ingresos municipales previos a la reforma. Sin embargo, la fórmula ha generado diferencias entre alcaldes y sectores políticos respecto de la forma en que deben distribuirse esos recursos entre las comunas.
Los Regionalistas Verdes plantearon que cualquier compensación debería considerar transferencias directas a los municipios y recursos para el Fondo Común Municipal, con el objetivo de evitar perjuicios especialmente en comunas con menor capacidad de generar ingresos propios.
También cuestionaron que el beneficio tributario no contemple, a su juicio, una focalización suficiente.
“No es razonable beneficiar de la misma manera a adultos mayores vulnerables y a personas con grandes patrimonios, mientras nuestros municipios enfrentan pobreza, emergencias y crecientes demandas de servicios básicos”, afirmaron.
La focalización fue precisamente uno de los puntos discutidos durante la tramitación. Representantes municipales plantearon previamente ante el Senado la necesidad de establecer límites para la exención y asegurar compensaciones permanentes que no afecten la autonomía financiera de los municipios.
Rechazan eventual congelamiento del Fondo Común Municipal
La colectividad también manifestó su rechazo a cualquier fórmula que implique congelar el Fondo Común Municipal (FCM) o limitar su reajuste únicamente al Índice de Precios al Consumidor.
“Los municipios asumen nuevas competencias, crecen las ciudades y aumentan las demandas por seguridad, iluminación y recolección de residuos. Necesitan más recursos, no menos. Esta reforma no puede terminar castigando a las comunas con menor capacidad de generar ingresos propios”, indicaron.
Finalmente, los Regionalistas Verdes emplazaron tanto al Gobierno como a AMRA a garantizar que los municipios de La Araucanía no sufran una disminución de sus recursos una vez que la reforma entre en aplicación.
“Los 32 municipios de La Araucanía no pueden pagar el costo de esta reforma. AMRA debe dejar de guardar silencio y defender los recursos de la región ante el Ejecutivo y el Congreso”, concluyeron.
La denominada megarreforma ya terminó su tramitación regular en el Congreso, aunque su proceso aún contempla vetos anunciados por el Ejecutivo y requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional, antes de su promulgación definitiva.
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